Acusan de lesa humanidad al expresidente rumano
Aparte de Iliescu, que tiene 95 años, y Roman, están acusados de los mismos delitos el entonces jefe de los servicios de inteligencia, Virgil Măgureanu, y el dirigente del sindicato de mineros, Miron Cozma.
La Fiscalía general rumana ha acusado este miércoles de crímenes contra la humanidad al expresidente Ion Iliescu y al ex primer ministro Petre Roman por la violenta represión de las protestas de junio de 1990 contra el Gobierno que sucedió a la dictadura comunista que había caído sólo seis meses antes.
Aparte de Iliescu, que tiene 95 años, y Roman, están acusados de los mismos delitos el entonces jefe de los servicios de inteligencia, Virgil Măgureanu, y el dirigente del sindicato de mineros, Miron Cozma.
La Fiscalía les acusa ahora de la dura represión en la que murieron cuatro personas, dos fueron violadas, más de 1.300 resultaron heridas y otras 1.200 fueron arrestadas.
El 13 de junio de 1990, menos de medio año después de que los rumanos derrocaran al dictador comunista Nicolae Ceausescu, miles de mineros llegaron a Bucarest convocados por las autoridades para sofocar el movimiento opositor al Gobierno de Iliescu, en unos sucesos que se conocen como la ‘mineriada’.
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Concentraciones de protesta
Las protestas habían comenzado el 22 de abril de 1990 con concentraciones en la céntrica Plaza de la Universidad de Bucarest contra Iliescu, que había sido parte del Gobierno durante la dictadura, por romper su promesa de no presentarse a las elecciones y de estar en el poder sólo durante un periodo de transición.
Iliescu y su Frente de Salvación Nacional habían ganado con rotundidad en mayo unas elecciones sobre cuya legitimidad hay aún dudas.
Los manifestantes exigían la ruptura con el régimen comunista y que salieran del poder quienes habían tenido responsabilidades durante la dictadura.
La Fiscalía considera que los acusados «lanzaron un ataque contra los manifestantes» y trataron de «enmascarar la acción represiva».
Iliescu ya había sido acusado junto a Roman y Măgureanu en el caso ‘mineriada’, pero el proceso fue suspendido por la justicia en el año 2020 y el Tribunal Superior de Casación decidió devolver el expediente a la Fiscalía Militar para reiniciar la investigación desde cero.
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