Corte salvadoreña ordena reconocer identidad de personas LGTBI

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ordenó al Congreso emitir una reforma que permita el cambio de nombre en razón de la identidad de género, según informó este martes la organización Comunicando y Capacitando Trans (Comcavis Trans).

"La Asamblea Legislativa deberá emitir la reforma que sea necesaria para prever las condiciones que debe reunir toda persona que desee cambiar su nombre para que sea compatible con su identidad de género", señala parte del fallo compartido por la organización en sus redes sociales.

Los magistrados constitucionalistas dieron a los diputados el plazo de un año para emitir esta reforma a la Ley del Nombre de la Persona Natural.

La resolución declaró inconstitucional "de modo general y obligatorio" por omisión parcial el inciso 2 del artículo 23 de la referida legislación.

"La falta de regulación de los supuestos y condiciones para que un ser humano cambie su nombre por razones de identidad de género constituye un trato discriminatorio no justificado", apunta la resolución, cuyo contenido completo aún no se conoce.

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En marzo de 2018, la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador presentó al Congreso un anteproyecto de Ley de Identidad Género, cuyo estudio no avanzó.

Las organizaciones de la comunidad por la diversidad sexual han reclamado la creación de esta ley para tratar de reducir los niveles de discriminación que sufren hasta por funcionarios estatales y erradicar la violencia a la que están expuestos.

En agosto de 2020, un grupo de organizaciones presentó nuevamente una propuesta actualizada después de que la Comisión de la Mujer del Congreso, de mayoría oficialista, enviara al archivo la primera iniciativa.

En diversas ocasiones, las activistas de derechos humanos de la comunidad LGTBI han denunciado que la violencia y discriminación que sufre la su comunidad obliga a sus miembros a huir del país para no morir a manos de las pandillas o de los cuerpos de seguridad de un Estado "cómplice" de los asesinatos y la impunidad.

Bianka Rodríguez, directora de Comcavis Trans, informó recientemente que desde 2015 se han desplazado forzosamente 694 personas de la población LGTBI por la violencia que enfrentan. EFE

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