Crisis venezolana también arrastra al sector educación a la emergencia

La profunda crisis que padece Venezuela también ha arrastrado al sector educación a la emergencia y obligó hoy a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el único poder que controla la oposición, a hacer saltar las alarmas ante un daño que, considera, le tomará al país 30 años para deshacer.

La Cámara aprobó este martes un acuerdo que declara la "emergencia humanitaria compleja" del sector educación, durante una sesión que estuvo acompañada por cientos de docentes, un gremio que reclama desde hace meses mejores salarios que les permitan hacer frente a la rampante inflación que sacude a la nación caribeña.

"Este Gobierno tiene como objetivo formar analfabetas y no formar profesionales, porque de esta manera logra tener a la gente sometida a través de los chantajes", dijo en medio del debate la legisladora Bolivia Suárez.

"Este daño que se le está causando a la educación tomará 30 años recuperarlo", añadió.

En el texto de la AN se indica que "la degradación de la profesión docente por la violación del sistema de ingreso y ascenso", el impacto causado por la migración, el colapso del sistema universitario por el "cerco económico" a las casas de estudio, así como "los cambios curriculares impuestos por el gobierno" determinan la crisis del sector.

El acuerdo también señala que la Cámara denunciará "ante las instancias internacionales de los derechos humanos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) la violación del derecho humano a la educación en Venezuela", donde el nuevo año escolar acaba de iniciar.

El acuerdo exhorta al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a que cumpla con "sus responsabilidades constitucionales" en la materia, que incluyen educación "gratuita y de calidad", condición, la última, que choca con la masiva "deserción" de maestros, según dijo la diputada Suárez.

"La deserción es verdaderamente alarmante (...), incluida la deserción de los docentes", aseguró, aunque no mostró pruebas que respaldaran sus aseveraciones.

Asimismo, la diputada opositora Milagros Eulate dijo que ejercer como maestro en Venezuela "es un acto de heroísmo, de valentía y de coraje", ante los pobres salarios de los educadores y las depauperadas condiciones de las aulas de clase.

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Además, instó a la Cámara a "discutir y revisar" la ley de educación vigente, una herramienta que consideró pone freno al desarrollo de la enseñanza en el país.

En ese sentido, la oradora invitada y profesora Raquel Figueroa señaló que las reformas al sector educación impulsadas por el chavismo, que rige desde 1999, se han "convertido en la mayor estafa" que un gobierno haya presentado al país.

"La escuela ha dejado de ser el centro de formación del potencial humano, para la creación y la producción, y la están convirtiendo en el centro de proselitismo partidista", añadió.

Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, padece una severa crisis económica que se expresa en escasez e hiperinflación, un indicador que cerrará el 2018 en 1.000.000 % según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esto obligó al Gobierno de Maduro a lanzar un paquete de medidas para intentar sacar a la nación de la crisis, aunque opositores y expertos señalan que no se tomaron los correctivos necesarios.

Las medidas de Maduro incluyen congelación de precios, reforma fiscal, reconversión monetaria -que instauró una nueva familia de billetes- y el aumento por 35 veces del salario mínimo, que ahora se ubica en 1.800 bolívares mensuales (30 dólares a la tasa de cambio oficial) y pasó a ser la norma para la mayoría de los empleados públicos.

Esta unificación de facto de los salarios es rechazada por los educadores, que denuncian la violación de los contratos colectivos largamente discutidos, y que establecen "tablas" salariales según las responsabilidades de cada trabajador.

En tanto, Efe ha podido constatar que los artículos cuyos precios fueron regulados desaparecieron de los anaqueles, y que los billetes del nuevo cono monetario son racionados por las entidades financieras. EFE