Fiscal acusa a Keiko Fujimori de lavado de activos en una organización criminal

El juez Richard Concepción Carhuancho decidirá hoy si acepta el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y diez de sus colaboradores por la presunta comisión del delito de lavado de activos.

Keiko Fujimori (d), la principal líder de la oposición en Perú, fue registrada este miércoles al asistir a una audiencia en la Sala Penal Nacional, acompañada de su abogada Giuliana Loza (i), en Lima (Perú). EFE

Por: Lima / EFE - Miércoles 24 de octubre de 2018 06:15 PM

El fiscal José Domingo Pérez acusó hoy a la líder opositora peruana Keiko Fujimori de haber cometido el delito de lavado de activos a partir de una organización criminal que "se insertó" en el partido Fuerza 2011 y recibió aportes ilegales, entre otros, de la constructora brasileña Odebrecht.

Se trató de "una organización de facto, paralela, que se insertó en este partido político y comenzó a controlar las decisiones, precisamente, de esta organización", señaló el fiscal al sustentar su pedido de prisión preventiva durante 36 meses para Fujimori quien, recordó, fue la "presidenta fundadora" de la agrupación.
Pérez, en una presentación de más de tres horas que aún no concluyó, mencionó las declaraciones que recabó tanto de Marcelo Odebrecht como de su principal representante en Perú, Jorge Barata, quienes confirmaron la existencia en su empresa de un sistema que brindaba "apoyo político" a diferentes agrupaciones para luego tener acceso a una "relación diferenciada" con el poder.
Aseguró que Odebrecht declaró el 9 de noviembre de 2017 que había una "ilicitud indirecta de la donación electoral" ya que "la entrega de dinero no es registrada, pero tiene un objetivo".
"Para Marcelo Odebrecht se concluye que los grados de ilicitud son el soborno y el apoyo electoral precisamente porque va a lograr un acceso diferenciado ", reiteró el fiscal.
En ese sentido acusó a Fujimori de haber defendido a la empresa Odebrecht en 2008, al haber aprobado, cuando era congresista "un informe que beneficiaba" a la constructora.
Señaló que Barata también declaró, cuando lo interrogó el 28 de febrero de 2018, que Keiko "no es ajena a él" y la conoció "probablemente" entre 1998 y 1999, cuando ella era "aún la primera dama" del régimen de su padre, Alberto Fujimori (1990-2000).
El fiscal cuestionó que Keiko hubiera dicho que solo vio a Barata "en una oportunidad", cuando era candidata presidencial en una reunión con empresarios.

LEE TAMBIÉN: Puente más largo del mundo empieza a funcionar (Video)

Pérez también citó a un testigo protegido que el pasado 17 octubre brindó información sobre el funcionamiento de Fuerza Popular (FP), antes llamado Fuerza 2011, y su estructura interna, que incluye un "núcleo" conformado también por los asesores Pier Figari y Ana Hertz.
Indicó que la extesorera de FP, Antonieta Gutiérrez Rosati corroboró esta declaración a la Fiscalía y dijo que Keiko es "quien toma todas las decisiones, a todo nivel del partido".
"Esta organización paralela, esa organización de facto se está acreditando, definitivamente", remarcó Pérez antes de decir que había una persona que se mantenía "en la sombra, oculta, propia de las organizaciones criminales", a la que identificó como Vicente Silva Checa, un personaje vinculado en los años 90 con la red de corrupción liderada por el exasesor Vladimiro Montesinos.
Pérez también reveló el testimonio de un colaborador protegido que aseguró que el magistrado César Hinostroza, detenido en España bajo la acusación de dirigir una red de corrupción en la Judicatura peruana, coordinó con el congresista Héctor Becerril para reunirse con Keiko y "apoyarla" en las investigación que se le seguían.
Remarcó que el presunto aporte de Odebrecht a la campaña de Keiko se originó en la llamada División de Operaciones Estructuradas, tal como declaró Barata, quien le dijo que se dio en dos partes de medio millón de dólares, cada uno, que "no fueron contabilizados".
El juez Richard Concepción Carhuancho decidirá hoy si acepta el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y diez de sus colaboradores por la presunta comisión del delito de lavado de activos en una investigación sobre supuestos aportes irregulares a su campaña electoral de 2011 en Perú.