Fiscalía mexicana investiga caso de la Estafa Maestra como crimen de Estado

La Fiscalía mexicana anunció este lunes que investigará como un crimen de Estado la llamada Estafa Maestra, que involucra desvíos por 5.875 millones de pesos (310,8 millones de dólares) con la posible colusión de exfuncionarios de secretarías y universidades públicas.

La premisa para reestructurar esta investigación es que el daño patrimonial cuantificado "no pudo ser producto de solo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros", aseguró el fiscal general, Alejandro Gertz, en rueda de prensa.

Gertz calificó a la Estafa Maestra, un caso denunciado públicamente desde 2015, como una "maquinación de gran envergadura".

En este caso se debió investigar desde el principio "la obvia premisa de colusión" y el "interés delictivo coordinado y propositivo para organizar un enorme saqueo concertado y maquinado centralmente desde el poder público", señaló el fiscal.

LEE TAMBIÉN: Fuerte terremoto de magnitud 7.2 sacude Papúa Nueva Guinea

Explicó que dado que los elementos así lo indican "es necesario reestructurar toda la investigación desde una perspectiva de delincuencia organizada".

Lo calificó como un posible delito de Estado que fue encubierto posiblemente por diversas instancias públicas en las secretarías de Hacienda, Función Pública, Educación y otras, además de que involucra a varias instituciones de educación superior.

La desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) abrió en octubre de 2015 con base en dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación 21 procedimientos en contra de funcionarios de varias dependencias del Ejecutivo.

Se involucraba en esta Estafa Maestra a funcionarios de la antigua Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a funcionarios de universidades públicas del país, explicó.

De estas investigaciones, se judicializaron casos contra cinco exfuncioanrios y se obtuvo una sentencia condenatoria contra un involucrado, explicó la Fiscalía.

Según denuncias periodísticas, los ministerios firmaban convenios con universidades públicas, las cuales hacían subcontrataciones de empresas privadas, algunas catalogadas como fantasma, para desviar los recursos.

En 2017, el portal de noticias Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) publicaron que el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) había usado "empresas fantasma" para desviar recursos mediante convenios fraudulentos por el valor de 7.670 millones de pesos (403 millones de dólares).