Fiscalía pide suspender seis alcaldes sospechosos de corrupción en Costa Rica

La Fiscalía de Costa Rica pidió este miércoles a un juzgado ocho meses de suspensión del cargo para los seis alcaldes detenidos el pasado lunes, sospechosos de cometer actos de corrupción en proyectos de obra pública, aunque no solicitó prisión preventiva.

El fiscal Glen Calvo dijo a los periodistas que "la suspensión del cargo es importante y determinante" y que ello "va a servir como una medida cautelar" para que los sospechosos no se acerquen a las instalaciones de las municipalidades.

La Fiscalía también solicitó el impedimento de salida del país y la entrega de los pasaportes de los seis mandatarios locales: Johnny Araya (San José), Mario Redondo Poveda (Cartago), Humberto Soto Herrera (Alajuela), Alfredo Córdoba Soro (San Carlos), Alberto Cole De León (Osa) y Arnoldo Barahona Cortés (Escazú).

La audiencia de medidas cautelares, que se lleva a cabo en un juzgado penal de San José, se extenderá posiblemente hasta el viernes, cuando un juez decida qué medidas cautelares aprueba.

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El "Caso Diamante", bautizado así por las autoridades judiciales, se refiere al presunto pago de dádivas y sobornos por parte de las empresas constructoras MECO y Explotec, a cambio de favores en la adjudicación de contrataciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas en los municipios de San José (centro), Alajuela (centro), Cartago (centro), Escazú (centro), Osa (sur), Golfito (sur), San Carlos (norte) y Siquirres (Caribe).

Según la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, las dádivas y sobornos incluirían dinero en efectivo, trabajos de construcción en viviendas de las personas involucradas y entrega de vehículos.

Entre los delitos que se investigan figuran cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor.

Además de los alcaldes, fueron detenidos otros funcionarios municipales de apellidos Boraschi González (Escazú), Chacón Ugalde (Alajuela), Castro Camacho (San José) y Suárez Vázquez (Golfito), así como el propietario de la empresa Explotec, de apellidos Cruz Porras, y el gerente de la planta de asfalto de la empresa constructora MECO, de apellidos Gutiérrez Vargas.

El fiscal Calvo confirmó que la Fiscalía solicitó al juzgado OCHO meses de prisión preventiva para Gutiérrez Vargas, a quien se considera como "el eje central" del caso. EFE