Mundo - 21/12/18 - 01:45 PM

Gobierno español aprueba medidas para Cataluña entre protestas secesionistas

Las movilizaciones convocadas por varias grupos, entre ellos los denominados "Comités de Defensa de la República" (CDR) causaron cortes de carreteras y autopistas, así como incidentes en Barcelona.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante la reunión del Consejo de Ministros que se celebra hoy en la Llotja de Mar de Barcelona. EFE

Por: Barcelona / EFE - Viernes 21 de Diciembre de 2018 1:45 PM

El Gobierno español, reunido en Barcelona, aprobó hoy una serie de medidas sociales e inversiones y gestos simbólicos con la región de Cataluña, mientras radicales independentistas protestaban por la presencia del Ejecutivo en esta región autónoma española y provocaban incidentes violentos.

Las movilizaciones convocadas por varias grupos, entre ellos los denominados "Comités de Defensa de la República" (CDR) causaron cortes de carreteras y autopistas, así como incidentes en Barcelona, en los que hubo 51 heridos leves, entre ellos 30 policías regionales catalanes y un periodista, así como doce detenidos.
La reunión del Consejo de Ministros español en la capital catalana (habitualmente es en Madrid) fue un "acto de afecto y de aprecio" a Barcelona y a Cataluña, declaró la ministra portavoz, Isabel Celaá, al término de la sesión, en una rueda de prensa en la que subrayó el deseo de que la jornada se celebrara "con normalidad" y "sin violencia".
En una reunión protegida por un fuerte despliegue policial que movilizó a varios miles de agentes regionales y estatales, el Ejecutivo aprobó varias medidas para esa comunidad autónoma española, como inversiones en carreteras o cuestiones financieras.
También hubo gestos simbólicos para esta región, como el cambio de nombre del aeropuerto de Barcelona, que se llamará "Josep Tarradellas", en honor al primer presidente del Gobierno regional catalán tras el fin de la dictadura franquista (1939-1975) y retorno de la democracia a España.
Además, el Gobierno español aprobó una declaración de condena y rechazo del juicio militar que en 1940 -en pleno régimen dictatorial del general Franco- sentenció a muerte a Lluis Companys, presidente del Gobierno regional catalán, ejecutado inmediatamente después.
En el terreno social, el Gobierno aprobó una fuerte subida del 22,3 % en el salario mínimo y otra del 2,25 % del sueldo de los funcionarios públicos, que forman parte de su programa de mejora de la situación económica de la población.

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Pero el interés de esta reunión semanal del Consejo de Ministros estuvo centrado en el escenario barcelonés, donde en la tarde-noche del jueves también hubo una reunión entre el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo regional catalán, el independentista Quim Torra.
La oposición de centroderecha, como el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (C's), criticó hoy de nuevo en términos muy duros la política catalana de Sánchez, al que acusan de ceder ante los independentistas.
El presidente del PP, Pablo Casado, culpó a Sánchez de negociar con Torra "la ruptura de la soberanía nacional", mientras que el líder de C's, Albert Rivera, consideró "humillante" la actuación del presidente del Gobierno español.
En cambio, el Gobierno regional catalán, controlado por partidos independentistas, rechazó los acuerdos aprobados hoy por el Ejecutivo central como "sectoriales y cosméticos", según dijo su "número dos" y portavoz, Elsa Artadi.
La réplica del Ejecutivo de Sánchez fue insistir hoy en que el diálogo y el trabajo son la única forma de superar el actual clima de enfrentamiento, y negar que se hubieran hecho concesiones a los independentistas.
"El Gobierno siempre ha buscado abrir espacios de diálogo", respondió hoy la ministra portavoz sobre las reuniones en Barcelona de estos dos días, aunque pidió al Ejecutivo regional catalán "reciprocidad" en la búsqueda de una solución.
Por su parte, la ministra de Administraciones Territoriales, la catalana Meritxell Batet, recalcó en la misma rueda de prensa que el derecho a la autodeterminación "no existe" en la legislación española.
En su lugar, Batet se decantó por la necesidad de que ambos Gobiernos apuesten por el "dialogo" y la "capacidad de llegar a acuerdos que representen a la mayoría de la sociedad catalana".