Número de muertos por la crisis en Nicaragua ya supera los 500, según ONG ANPDH
La ACNUDH ha responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Varios jóvenes se enfrentan a las fuerzas de choque del Gobierno durante la marcha "Somos la Voz de los Presos Políticos" hoy, domingo 23 de septiembre de 2018, en Managua (Nicaragua). EFE
Por: Managua / EFE -
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) elevó hoy a 512 el número de personas que han perdido la vida durante la crisis sociopolítica de Nicaragua, que inició el 18 de abril pasado.
Hasta el 4 de septiembre, la ANPDH había reportado 481 muertos como consecuencia de la crisis, principalmente en protestas contra el presidente Daniel Ortega, según la organización.
La ANPDH también reportó 4.062 personas heridas en este periodo de tiempo, de las cuales 103 sufrieron lesiones graves con efectos permanentes.
Un total de 1.428 personas han sido secuestradas por parapolicías, de las que 125 ya fueron encontradas y denunciaron "haber sido severamente torturados", señala el informe.
La ANPDH reportó 1.303 nicaragüenses desaparecidos, o podrían estar detenidos "de forma ilegal", indicó la ANPDH.
De los manifestantes que fueron llevados a prisión, 472 recuperaron su libertad por mediación de la asociación y de la Iglesia católica, agregó la asociación.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
El presidente Ortega ha negado ser responsable de los señalamientos, y sostiene que sufre un intento de "golpe de Estado".
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, iniciaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de su renuncia, a raíz de las decenas de muertes reportadas en las manifestaciones.
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Un muerto, cinco heridos y diez detenidos en nueva jornada violenta en Nicaragua
Al menos un muerto, cinco heridos y diez detenidos dejó hoy una marcha contra el Gobierno y a favor de la liberación de los detenidos en protestas contra Daniel Ortega, que fue dispersada a balazos por simpatizantes sandinistas, según denunciaron los organizadores, y que se trató de un "fuego cruzado", según la Policía.
La víctima fue identificada como Max Andrés Romero, de 16 años, quien, según la versión policial, falleció como consecuencia del "fuego cruzado que ellos mismos provocaron", en alusión a los que participaban en la marcha antigubernamental.
El adolescente se suma a los cientos de muertos que han dejado las protestas contra el Gobierno de Ortega desde abril pasado.
La Policía nicaragüense achacó el ataque a "grupos violentos que se habían convocado a una marcha llamada pacífica", versión que fue rechazada por los organizadores y por los familiares de la víctima.
La Policía sostuvo que esos "grupos violentos" atacaron a familias y sus viviendas con armas de fuego, morteros artesanales y piedras en barrios populares ubicados al norte de la capital.
Agregó que realiza las investigaciones para determinar las responsabilidades de quienes convocaron "esta marcha violenta y terrorista, así como a los autores de estos actos criminales que responden a la fallida estrategia golpista".
Los organizadores de la manifestación denominada "Somos la voz de los presos políticos" informaron de al menos cinco personas heridas producto, según su versión, de un ataque perpetrado por parapoliciales y grupos afines a Ortega contra los que participaban en la marcha.
El ataque, según los organizadores, ocurrió cuando la marcha avanzaba en el barrio popular Américas 3, en el norte de Managua, y fue llevado a cabo por simpatizantes de Ortega, apoyados por parapolicías y paramilitares.
Los manifestantes se dispersaron y buscaron refugio en casas vecinas y en la parroquia católica Nuestra Señora de Las Américas, donde sonaron las campanas, según pudo constatar Acan-Efe.
Entre los heridos se encuentra el periodista nicaragüense Wiston Postome, quien recibió un disparo en un brazo.
Esa manifestación empezó bajo una fuerte presencia policial y con consignas a favor de la liberación de los detenidos por protestar contra el Ejecutivo y al grito de "El pueblo unido jamás será vencido".
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central (Acnudh) expresó su preocupación por la nueva jornada violenta en Nicaragua.
"#ACNUDH recibió con preocupación reportes sobre una persona muerta y cinco heridas en una marcha de protesta en Managua. La información recibida indica que la marcha habría sido atacada, incluso con disparos, por policía y elementos armados progubernamentales", indicó esa entidad en un tuit.
La Oficina del Alto Comisionado de DD.HH. de ONU advirtió que "ese tipo de ataques en contra de las protestas se han observado repetidamente en las últimas semanas".
Por tanto, demandó al Gobierno "asegurar el pleno respeto del derecho a la libertad de reunión pacífica según los estándares y normas internacionales de derechos humanos aplicables".
Los organizadores también denunciaron que al menos 10 personas que participaron en la marcha fueron detenidos de forma "arbitraria" por la Policía.
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado varias protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y un saldo de entre 322 y 481 muertos, según organismos de Derechos Humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifró este sábado en 199 los fallecidos.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de "golpe de Estado".
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder.