Panamá, un país hecho por y para los abogados

En Panamá hay cuatro abogados por cada médico. Son un ejército de más de 22.500 letrados, uno por cada 183 panameños, el mayor porcentaje per cápita de Latinoamérica. Su condición de país de negocios –marcado por el canal, su inmensa zona franca para el comercio y una laxa legislación tributaria y financiera– ha ido gestando una legión de expertos en leyes incrustados muchas veces en las altas esferas de poder económico y también político.

El propio Ramón Fonseca Mora, el fundador de la firma de abogados colocada en el centro del escándalo por la filtración conocida como Papeles de Panamá, era hasta hace unas semanas ministro Consejero y presidente del partido en el poder. Y al menos otros cinco altos cargos del Gobierno, dos de ellos ministros, son abogados en excedencia de despachos especializados en empresas opacas.

La puerta giratoria de más recorrido es la del ministro de Economía. Dulcidio De La Guardia pasó por varios de los grandes bancos panameños hasta que en 2009 fue nombrado viceministro de la cartera económica. Tan sólo un mes después de concluir su cargo público fue fichado como director financiero por el despacho más importante del país, Morgan & Morgan, para en dos años volver al Gobierno pero ya a la cabeza del ministerio.

El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, experto en derecho fiscal y mercantil, cuenta incluso con bufete propio –entre los 10 más grandes– heredado de su padre. Mientras que el vicecanciller de Exteriores y el director del registro público pertenecen también a la camada de Morgan & Morgan. El idilio entre la firma de abogados y el gobierno se remonta a cinco décadas atrás, cuando Eduardo Morgan Jr., socio e hijo del fundador del despacho puntero panameño con presencia en tres continentes, fue nombrado ministro de Justicia por el dictador Omar Torrijos.

No toda la abogacía se dedica sólo a manejar empresas offshore. Pero, como reconoce Juan Carlos Arauz, vicepresidente del Colegio de Abogados, el derecho mercantil panameño está profundamente condicionado por una legislación que apenas se ha tocado desde 1927, cuando inspirados por el ejemplo estadounidense se abrieron las puertas a estos polémicos vehículos jurídicos: “Todo el derecho corporativo está tan implantado en la sociedad panameña que no es sesgada la presencia de abogados en el Gobierno”. El segundo hombre en la cartera de Exteriores y socio en excedencia de Morgan & Morgan, Luis Miguel Hincapié, es por ejemplo especialista en “la incorporación de estructuras offshore en Panamá, Belice e islas Vírgenes Británicas”, según informa el despacho. Su nombre parece en 193 operaciones entre los documentos filtrados a los que ha tenido acceso el medio panamericano Connectas, uno de los colaboradores de la investigación.

“En Panamá no existe ninguna legislación sobre el conflicto de interés, ni hay ninguna intención de crearla. Puedes pasar de lo público a lo privado y la inversa. Ha pasado siempre. Este es un país hecho por abogados y para abogados”, sostiene el catedrático de Derecho Constitucional Miguel Ángel Bernal. Desde su independencia de Colombia a principios del siglo pasado, la historia del istmo está atravesada por el juego de intereses comerciales y geopolíticos abiertos alrededor del canal transoceánico. Desde la insistente presencia de EE UU hasta el diseño de un andamiaje jurídico y bancario pensado para que el cliente siempre tenga razón.

La configuración de su plataforma bancaria en la década de los 1970 –aún en plena dictadura– con holgadas ventajas fiscales y de confidencialidad ha sido imán para los capitales internacionales. El pequeño país centroamericano cuenta con la presencia de 90 bancos –el doble que en México, más del triple que en España–, que el año pasado sumaron en total 118.477 millones de dólares en activos. Pese algunos avances en la legislación, Panamá sigue apareciendo en muchas de las listas de paraísos fiscales.

“Hay demasiados abogados en el gobierno que vienen del sector offshore. A veces uno duda si realmente representan los intereses de cuatro millones de panameños o su sector”, apunta el representante de Transparencia Internacional en Panamá, Ramón Arias. En principio, no es una cuestión directamente económica. Un ministro panameño gana alrededor de los 7.000 dólares al mes mientras que el socio de un despacho de los grandes puede superar los 25.000 más variables. Se trataría más bien de una fascinación por el poder y sobre todo de como engorda la agenda de contactos tras pasar por un cargo público.

Fonseca Mora, el hombre que se jacta de haber creado más de 240.000 empresas y cuya filtración ha vuelto a poner en sobre la mesa de la comunidad internacional la necesidad de tapar los agujeros de la opacidad financiera global, ha sido ministro con los dos últimos presidentes panameños. Su hijo, Eduardo Fonseca Ward, fue designado hace dos años cónsul general en Emiratos Árabes Unidos, donde tiene una de sus sedes la firma de abogados de su padre. Alfredo Fonseca Mora, otro de sus hijos, es el actual director general de la Autoridad Aeronáutica Civil.

Los despachos de los actuales ministros informan de que sus antiguos empleados están temporalmente dados de baja de la firma. Uno de los asesores de la cancillería de Exteriores compagina sin embargo los dos papeles.

Gian Castillero es uno de los pesos pesados en las negociaciones de Panamá con los organismos internacionales sobre lucha contra el blanqueo y la evasión fiscal. Y a la vez, aparece entre la lista de socios de Arifa, otro de los grandes despachos. El nombre de Castillero también se encuentra relacionado hasta con 90 empresas en las filtraciones de los llamados Papeles de Panamá.