Al 'Loco' deben darle calle hoy

Hace exactamente un año, el entonces diputado del Parlacen, Ricardo Martinelli, fue extraditado a Panamá y llevado ante el magistrado de garantías Jerónimo Mejía, quien advirtió que los 364 días que pasó el exmandatario preso en Miami, no valían en la contabilidad que establece el Código Procesal Penal (CPP) para mantener una detención provisional.

A Mejía ese día no le importó que tres cardiólogos y el médico de la cárcel El Renacer recomendaron el ingreso de Martinelli a un hospital por una arritmia cardíaca y una presión arterial por las nubes de 200/130. Lo que se le ocurrió preguntar Mejía al doctor Gabriel Frago, era si el exmandatario se podía morir.

Sin embargo, dentro de todo lo malo que lo ocurrió ese 11 de junio de 2018 a “El Loco”, el aún magistrado de la Corte dejó claro algo que hoy favorece a Martinelli: el año de detención provisional en Panamá por el caso pinchazos, se cumplía el 11 de junio de 2019, es decir hoy.

Hoy la defensa de Martinelli pedirá aplicar lo que establece claramente los artículos 12 y 237 del Código Procesal Penal: la libertad inmediata de alguien que ha permanecido un año bajo detención preventiva –aunque realmente son 24 meses- sin que haya concluido una causa que no fue declarada compleja.

Los legisladores introdujeron dicho artículo en el garantista Sistema Penal Acusatorio (SPA), para evitar que la detención preventiva se convirtiera en una condena anticipada.

Sobre lo que debe proceder hoy hay diferentes criterios. Hay quienes sostienen que hay que pedir una audiencia de afectación de derechos ante el propio Tribunal de Juicio. Otros alegan que a dicho tribunal hay que pedirle un receso para que ponga a Martinelli a orden inmediata de un juez de garantías a fin de realizar una revisión de la detención y requerir audiencia de inmediato para que se determine la libertad.

Para entender el caso de Martinelli hay que unir fechas y hechos. El gobierno varelista constituyó desde el mismo mes que se instaló en el poder –julio del 2014- la “Procuraduría Paralela” a cargo de un particular que armaba los procesos en base a un contrato de $385,200 en coordinación con el Consejo de Seguro.

Ese mismo mes –según reveló el propio testigo protegido ante el tribunal de juicio- Varela le pidió específiamente el 27 de julio de 2014 en el edificio 150 del Consejo de Seguridad, denunciar lo de los pinchazos y luego a dicho sujeto que ganaba como cabo cerca de $600, se le nombró como Agregado de Panamá ante la Junta Interamericana de Defensa de la OEA, con sueldo de $10 mil.

En la práctica, Martinelli debería ser liberado hoy y seguir la audiencia, pero con “El Loco” se han violado hasta la Constitución, al punto que hasta se insistió por meses que la Corte Suprema de Justicia conociera de su proceso después de haber renunciado al Parlacen, el 27 de junio de 2018.

Además, hay un hecho cierto y correcto: que Martinelli pasó también un año preso en Miami y eso era una detención provisional originada por una decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá a pedido de un Magistrado Fiscal de Panamá por un proceso penal que se adelantaba en Panamá.

Además, a Martinelli no se le imputaron cargos. El criterio particular de Jerónimo Mejía fue que la mera admisión de la denuncia contra Martinelli constituía una imputación.

Hubo que esperar un proyecto del hoy exmagistrado Oydén Ortega para desnudar todas las desviaciones que utilizó el magistrado de “garantías” Mejía para retener en la Corte Suprema de Justicia –de manera inconstitucional e ilegal- el caso pinchazos.

Pero el particular y escandaloso manejo del caso Martinelli también revela que Luis Mario Carrasco, el suplente de Mejía, no se declaró impedido al resolver un Habeas Corpus a pesar que firmó la detención provisional de "El Loco" en diciembre de 2015, luego firmó la revisión de la medida cautelar en junio de 2018 (o sea, él mismo revisó su decisión) e integró la Sala Penal para decretar legal la detención provisional de “El Loco”, algo que ese mismo magistrado firmó en diciembre de 2015.

Para  el abogado Silvio Guerra, si los operadores de justicia se apegan a la norma jurídica contenida en el Código Procesal Penal, lo que el pueblo puede esperar hoy es la libertad inmediata del expresidente Ricardo  Martinelli.

Testigo reconoce que cobraba un billetón

En el interrogatorio de ayer  el testigo protegido tuvo que admitir que luego de declarar en contra del expresidente Martinelli, fue nombrado como agregado en la OEA con un salario de $7,000; más gastos de representación y viáticos.

Su excusa para poder justificar su nombramiento es que estaba dándole un servicio a la patria.

Durante su testimonio, el testigo también reflejó una serie de inconsistencias que las tuvo que reconocer, luego de que el abogado defensor Carlos Carrillo lo cuestionase.

Durante su interrogatorio ante la fiscalía, el testigo indicó que William Pittí, quien fue su compañero cuando trabajó en el Consejo de Seguridad y es investigado en el caso pinchazos, era su primo segundo, sin embargo al ser interrogado por Carrillo  tuvo que reconocer que son  primos hermanos.

El sujeto alegó que teme por su seguridad y hasta cuenta con un agente civil de la Policía Nacional que le brinda protección, algo que desconocía el propio tribunal.

También alegó que le había entregado unos discos compactos a Martinelli. El expresidente le dijo que era un “atrevido” y “mentiroso”.