Anulan zona de interés social los barrios pobres
Según Varela y Etchelecu, tras 45 años de emitirse la calificación de zona de interés social era necesario derogarlo, ya que la Constitución Nacional establece un término de 20 años como máximo para ello.
Anulan zona de interés social los barrios pobres
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Por: Redacción / Crítica -
Mientras lo población era distraída con el bombardeo de noticias del exmandatario Ricardo Martinelli, el presidernte Juan C. Varela y el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Etchelecu firmaron un documento que retira la condición de interés social en los inmuebles, dictada por el exmandatario Demetrio Basilio Lakas, en 1973 y otros decretos anteriores.
De esta forma, el Gobierno derogó todos los Decretos Ejecutivos que dictaban sitio de interés social los inmuebles en los barrios pobres del centro de la ciudad de Panamá.
El Decreto de Lakas establecía que una zona de El Chorrillo, donde se registró un incendio el 24 de diciembre de 1972, conservaría su valor castastral y establecía nulidad en las enajenaciones o arrendamiento de bienes inmuebles.
Posteriormente, con varios decretos se establecieron áreas de interés social como Santa Ana, El Chorrillo, Calidonia y Curundú, entre ellas la Avenida de los Mártires, el área donde está el cementerio chino, con el fin de realizar los proyectos de renovación urbana.
El Miviot
En el 2008, el Miviot ocupó más de 100 fincas y lotes con el fin de realizar programas de viviendas adecuadas, no obstante, esta decisión también fue anulada con el nuevo Decreto Ejecutivo 78 del 11 de junio de 2018.
El actual Gobierno consideró que el resultado de la toma de casas condenadas no resultó porque los lotes o zonas son muy pequeñas para los proyectos de renovación urbana, mientras que los propietarios de bienes inmuebles de esas áreas argumentaron tener perjuicios económicos con la decisión de mantener la zona como de interés social.
Según Varela y Etchelecu, tras 45 años de emitirse la calificación de zona de interés social era necesario derogarlo, ya que la Constitución Nacional establece un término de 20 años como máximo para ello.