Arbitraje minero: Dilema que afectaría a ambas partes

La Cámara Minera de Panamá (Camipa) ha manifestado su expectativa tras la retirada del contrato con Minera Panamá por parte del Órgano Legislativo.

La organización espera que el Gobierno entable conversaciones con la empresa para revisar y, en su caso, modificar dicho contrato. Posteriormente, desean que el contrato revisado sea presentado nuevamente ante la Asamblea para su ratificación, con el objetivo de preservar la buena reputación del país.

En un comunicado extenso, el gremio enfatizó su compromiso con la estabilidad jurídica, la protección de la libre empresa, la preservación de los miles de empleos y empresas contratistas vinculados a esta industria, y la prevención de un deterioro en la calificación de riesgo de inversión en Panamá.

Camipa también expresó su preocupación por la forma en que se llevó a cabo la discusión del contrato, señalando que hubo sectores que se opusieron rotundamente al desarrollo de la minería en el país.

En este sentido, hicieron un llamado a que cualquier debate relacionado con la minería se realice mediante un diálogo honesto y constructivo, basado en evidencia científica y hechos concretos, evitando la difusión de mitos y tergiversaciones destinadas a generar temor en la población, así como los sesgos políticos e ideológicos que buscan intereses distintos al bienestar, la seguridad y el desarrollo sostenible.

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Camipa argumenta que la industria minera, junto con el Canal de Panamá, es uno de los pilares de la economía nacional, reconocido por organismos internacionales y agencias calificadoras de riesgo. Esto ha llevado, por primera vez en la historia de la República, a que los salarios promedio más altos de Panamá se encuentren en una región del interior del país.

Por otra parte, el gremio advierte sobre las posibles implicaciones que podría tener para el Estado un proceso de arbitraje si Minera Panamá lo solicita, citando el caso previo con la empresa Dominion Minerals. En dicho caso, el Estado fue condenado a pagar cerca de $30 millones en noviembre de 2020, y una apelación presentada por Dominion en julio de 2022 aún está pendiente de resolución. Camipa subraya que cualquier resultado del arbitraje podría tener graves repercusiones tanto para la empresa como para el país, incluida la suspensión temporal o definitiva de las operaciones mineras.

Finalmente, la Cámara Minera reconoce que el Gobierno y la Asamblea han abierto la puerta para realizar cambios en aspectos específicos del contrato, en respuesta a las repetidas y responsables solicitudes de la ciudadanía, después de un amplio proceso de consulta.