Barsallo: Epasa debió comparecer al proceso y no se hizo

En el caso New Business, la jueza Baloisa Marquínez dispuso el comiso de las acciones de Editora Panamá América, sin que la empresa fuera parte del proceso y en ningún momento fue citada, compareció o fue citada por la Fiscalía.

El abogado Carlos Antonio Barsallo Pérez se preguntó cómo se puede imponer una sanción de disolución a dos personas jurídicas, sin que hayan sido parte del proceso penal.

Barsallo cuestiona que las dos sociedades de las que se ordena su disolución no aparecen en el listado de las personas, ya sean naturales o jurídicas, a las que se les siguió el proceso penal.

"Las personas naturales y/o jurídicas deben poder comparecer al proceso previo a que les imponga una sanción, en caso de sociedad su disolución. Las sociedades son personas jurídicas, no son bienes", ilustró el abogado.

Carlos Barsallo, fue presidente de la Comisión Nacional de Valores de Panamá, presidente de la Junta Directiva del Capítulo panameño de Transparencia Internacional y fue miembro del Consejo Consultivo del diario La Prensa.

"Para ser objeto de sanción penal, cualquier persona, natural o jurídica, debe ser objeto de una investigación penal por conducto del Ministerio Público y luego, de un juicio, por conducto de un juez", detalla Barsallo.

Debe darse un debido proceso que es el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales en materia de procedimiento. Debido proceso incluye: Derecho a ser juzgado conforme los trámites legales; dar el derecho a audiencia (o ser oído) a las partes interesadas; ser notificado de los cargos que se le imputan; tener apoderado legal o que se le nombre uno de oficio que lo represente; presentar y practicar pruebas; alegar, si elige hacerlo, y el derecho a recurrir, explica Carlos Barsallo.

El grupo de periodistas y trabajadores de los diarios Crítica, Panamá América y Día a Día preparan una denuncia ante el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca Villarreal, sobre la intención del gobierno de apropiarse de los tres periódicos, en medio de una campaña electoral, escudándose en el aberrante fallo de la jueza Baloisa Marquínez.

Aparte de eso la Sociedad Interamericana de Prensa se declaró en alerta ante la sentencia judicial que dispone el decomiso de las instalaciones del Grupo Editorial Panamá América S.A. (Epasa), por "las posibles implicaciones" que puede tener para la libertad de prensa.

"La propiedad privada de un medio es indispensable para garantizar la libertad de prensa y el derecho del público a la información", subrayó Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, en un comunicado.