Boutin advierte que Panamá puede sufrir un boicot mundial

El decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, Gilberto Boutin, recomendó al gobierno de Juan Carlos Varela aplicar una serie de medidas urgentes y drásticas para evitar que el país sea blanco de un boicot mundial por cuenta del escándalo internacional generado por la investigación periodística "Papeles de Panamá".

Entre las medidas para evitar un mayor daño al sistema financiero y al prestigio del país, están suspender temporalmente todas las actividades offshore, reorganizar el régimen de sociedades anónimas en el país, imponer contabilidad obligatoria de las sociedades conformadas por empresas panameñas, e introducir una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

"Tales acusaciones de presuntas fuentes mediática de entero crédito, pueden llevar a la comunidad internacional a provocar, ante el seno de las Naciones Unidas, un estatus de apartheid o boicot a los intereses sagrados de nuestro país", escribe Boutin, "es por ello que es impostergable ensayar una respuesta diplomática para evitar un deterioro mayor en el concierto internacional y atenuar cualquier medida de retorsión de las grandes potencias, en contra de los intereses nacionales".

 Boutin plantea que la moratoria de la actividad offshore tendría como efecto "desactivar medidas coercitivas a producirse en contra de Panamá, e implementar  dentro de ese lapso, una normativa transparente que permita el control de las compañías que transitan de cliente en cliente".

Según Boutin, el escándalo de las investigaciones, que se publican simultáneamente en más de 100 medios de comunicación con acceso a una filtración de 11.5 millones de documentos de la firma panameña Mossack Fonseca, "ponen en jaque la solvencia moral del Estado y el prestigio de su gobierno".

En tanto, el Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG), califican como un ataque directo a Panamá las publicaciones frente a un problema de una firma forense en particular.

 Alfonso Fraguela y otros directivos del gremio, consideran las publicaciones como un atentado a la institucionalidad del sistema y  que tiene la finalidad  de forzar el intercambio de información fiscal automática.

 “Vemos con suspicacia el ataque, cuando se  deja por fuera todas las demás jurisdicciones  que crean y venden sociedades anónimas  y a los operadores  bancarios que son a quienes les corresponde velar por la corrección de los manejos financieros”, indicó Fraguela.