Cámara Minera de Panamá advierte sobre riesgos en disputa minera

La Cámara Minera de Panamá (CAMIPA) emitió un comunicado en el que destaca hechos cruciales relacionados con la disputa entre Minera Panamá SA y el Estado Panameño, enfocándose en los aspectos esenciales sin rodeos.

Arbitraje Internacional:

En primer lugar, CAMIPA abordó el tema de los tribunales arbitrales internacionales, destacando que en América Latina, los tribunales de arbitraje más comunes son el CIAC (comercial) y el CIADI (de inversión). El arbitraje de inversión proporciona a los inversores extranjeros acceso a árbitros imparciales y calificados en caso de disputa, basado en tratados internacionales. Esto garantiza un trato justo y equitativo, además de protecciones a la inversión.

Criterios de Arbitraje:

La cámara señaló que los criterios para el arbitraje incluyen la aplicación de medidas regulatorias y leyes que afecten la estabilidad jurídica, conductas gubernamentales, y el cumplimiento de responsabilidades contractuales reconocidas en las leyes locales. También destacaron que el Estado no puede ir en contra de sus propias decisiones, siguiendo el principio de Estoppel en derecho internacional.

Caso de Minera Panamá SA:

En relación al caso de Minera Panamá SA, CAMIPA resaltó que se trata de un contrato diferente al de la Ampliación del Canal y mencionó el antecedente de Dominion Minerals Inc vs. Panamá. En 2020, Panamá fue condenado a pagar $30 millones debido a una negación de prórroga de concesión. CAMIPA argumentó que el contrato de Minera Panamá SA se basa en la Ley 9 de 1997, reconocido en códigos civiles y judiciales, y que la empresa invirtió de buena fe bajo supervisión del Estado.

Consecuencias Potenciales:

La cámara advirtió sobre las posibles consecuencias de la disputa, estimando que el monto de compensación en un arbitraje interpuesto por First Quantum Minerals podría superar los $50,000 millones, considerando la inversión y las expectativas de ingresos futuros. También mencionaron que la prohibición de renovar contratos mineros según la Ley 407 podría dar lugar a más demandas, lo que aumentaría el riesgo país y afectaría a la economía y las finanzas públicas.

Llamado a la Reflexión:

Finalmente, CAMIPA subrayó la importancia de tomar decisiones racionales y objetivas basadas en criterios científicos y hechos comprobados en lugar de motivaciones emocionales. Destacaron que demonizar una actividad consagrada en la Constitución Nacional no es justificado y puede llevar a la paralización del país y problemas económicos.