¿Cómo la Corte puede enjuiciar a un exdiputado?

El Parlamento Centroamericano (Parlacen) ratificó que el expresidente Ricardo Martinelli no forma parte de este organismo y ya circulan una serie de documentos que sustentan esa situación para los efectos legales correspondientes.

A pesar de la renuncia, el magistrado de “garantías” Jerónimo Mejía decidió no declinar la competencia del caso pinchazos, a pesar de que la defensa, los querellantes y hasta el magistrado fiscal Harry Díaz entendían que así debía ser.

La defensa de Martinelli interpuso un amparo de garantías contra la decisión de Mejía y que tiene como ponente al magistrado Oydén Ortega.

La Constitución es clara en sus artículos 155 y 206 al establecer que la Corte Suprema de Justicia podrá investigar y juzgar a los miembros del Parlacen. Según un principio de Derecho Público, los servidores públicos solo pueden hacer lo que la ley les autoriza, pero ahora –según la interpretación de Mejía– los exdiputados de la Asamblea Nacional y del Parlacen podrán ser investigados y juzgados por la Corte Suprema.

En su particular interpretación, Jerónimo Mejía obvió que en el caso del exmagistrado Víctor Benavides, el asunto se inició en la Asamblea Nacional, de acuerdo con el artículo 160 de la Constitución, pero luego fue enviado a la jurisdicción ordinaria cuando el togado presentó su renuncia.

En el caso de la exdefensora del pueblo Patria Portugal, aunque su proceso se inició en la Sala Penal de la Corte, apenas fue destituida por la Asamblea Nacional, se perdió competencia para continuar su juzgamiento. El propio Jerónimo Mejía era miembro de la citada Sala.

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Tanto el caso de Benavides como el de Patria fueron tramitados de acuerdo con el Código Procesal Penal, es decir, según el Sistema Penal Acusatorio.

El precandidato presidencial del opositor Cambio Democrático (CD) José Raúl Mulino advirtió que en el caso contra Martinelli se están creando precedentes funestos.

Algo parecido sucedió con el caso del magistrado Alejandro Moncada, en el que se permitió que con el voto de dos diputados se pudiera detener y separar a un integrante de la Corte, lo cual es aplicable también a un presidente de la República.

El analista José Blandón tildó de “injustificable e irracional” la actitud del magistrado de garantías de negarse a aceptar que ha perdido competencia para seguir conduciendo el caso de los pinchazos e instó a la Corte Suprema a corregir esa aberración porque están creando precedentes funestos promovidos por el “odio y el rencor” que tiene un sector poderoso contra un dirigente opositor como Ricardo Martinelli, que goza de amplía simpatía popular.