Comprarán más de 500 brazaletes electrónicos

A partir del segundo semestre del año 2020 entrará en operación un plan piloto de implementación del brazalete electrónico para personas con boleta de alejamiento ordenadas por jueces de paz, lo que ayudará a una mejor protección institucional para las víctimas de acoso o violencia doméstica, adelantó a Crítica el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Es un proyecto que en su fase inicial ha sido incluido para el presupuesto del año 2020, e incluye la construcción de un centro de monitoreo tanto de víctimas como de victimarios en potencia, la compra de entre 500 y 700 brazaletes, y el software para su operación.

El contrato es de $2 millones, y el pliego para la contratación pública está próximo a ser elaborado, detalla el ministro Romero.

Aunque ya existen medidas de monitoreo electrónico en el país, sería la primera vez que se aplicará la medida a nivel de los jueces de paz, quienes emiten boletas de alejamiento en casos de disputas domésticas en las que ya existe un antecedente de violencia por parte de un cónyuge o pareja; cuando el juez ha determinado que se ha emitido una amenaza; o exista posibilidad real de agresión.

El brazalete será portado por el posible agresor, y estará conectado a un sistema de posicionamiento global (GPS), explicó Romero. Un aplicación para celular, o un dispositivo aparte son las dos posibilidades que el Mingob analiza que podría implementar para que esté a disposición de la víctima.

En el centro de monitoreo se seguirá el movimiento del brazalete y del dispositivo de la víctima, y emitirá una alerta cuando se viole la distancia establecida por el juez en la boleta de alejamiento.

Un "botón de pánico" estará disponible para que la víctima lo presione, en caso de que su agresor se haya acercado demasiado. También el sistema podrá detectar los casos en que se quiera provocar a una persona con orden de alejamiento.

Señala el ministro Romero que este sistema de brazalete electrónico se implementará mientras dure el proceso judicial; es decir, en el periodo en que el juez de paz envíe el caso a la fiscalía correspondiente o al órgano judicial.

Entre enero y agosto de este año se produjeron 11,573 denuncias por violencia doméstica en el país, de acuerdo con estadísticas del Ministerio Público.