¿De dónde vendrán los empleos dignos?

En su más reciente columna “La Cámara Opina” (28.8.2022), titulada “Sin la generación de empleos, no hay paz social duradera ni prosperidad nacional”, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de #Panamá hace un llamado de atención a la severa crisis laboral que enfrenta el país.

Se perdieron 10 años de generación de empleo formal en la empresa privada

En los últimos 10 años (2012-2022) la población en edad productiva (más de 15 años) creció en 723 mil personas y más de 420 mil panameños empezaron a buscar trabajo. Pero hoy, a pesar de tener la planilla más alta de la historia, tenemos 59,252 asalariados privados menos y 247,166 trabajadores informales más que en el 2012.

Por cada trabajador asalariado que perdió su trabajo en la última década, se crearon 4 informales, y de cada 5 nuevos empleos generados en ese lapso, 4 fueron informales y el otro fue en la planilla estatal. Se perdieron 10 años de generación de empleo formal en la empresa privada, evidenciando una sistemática precarización y estatización del empleo, agravada por la pandemia y producto del deterioro en el clima para la inversión privada en el país.

La precarización laboral se está acelerando

El empleo formal privado se sigue contrayendo en relación a los niveles prepandemia. A pesar de los nombramientos en el Gobierno, entre enero y julio 2022 MITRADEL tramitó 137,308 nuevos contratos laborales, cifra 42% inferior a los 236,260 procesados por la entidad para el mismo período del 2019, año en el que se tramitaron 378,495 nuevos contratos, pero sólo se agregaron 52,040 empleos a la economía, todos informales. Entre octubre de 2021 y abril 2022, se sumaron 60.047 nuevos informales.

Señales de alarma

Un reciente informe del Departamento de Estado Norteamericano expresó preocupación por el clima para la inversión privada en el país, citando deficiencias estructurales como corrupción, reputación de falta de pago por parte del Gobierno, fuerza laboral con poca educación, sistema judicial débil y malestar laboral. Igualmente, el reporte plantea que el clima de inversión de Panamá se ve amenazado por altos déficits fiscales, desempleo y desigualdad.

El pronunciamiento del Gobierno Norteamericano se añade a opiniones expresadas en las últimas semanas por las Calificadoras de Riesgo Moody’s, Fitch Ratings y Standard & Poor’s (S&P) en relación a las implicaciones de la actual crisis social sobre la calidad de la deuda panameña.

Estas inquietudes no son nuevas. El 16 de julio de 2020, la Unidad de Inteligencia de Negocios del Semanario inglés The Economist alertó del deterioro de la credibilidad del Gobierno, indicando que este necesitaba “restaurar rápidamente” la confianza pública en su administración, o corría el riesgo de que se den disturbios sociales.

El 17 marzo 2021, reiteró su advertencia, señalando que esa pérdida de confianza y efectividad gubernamental, en medio de una creciente presión por medidas de corte populista, representa un alto riesgo para la inversión privada en Panamá.

Mensajes contradictorios a la comunidad inversionista internacional

Se están enviando mensajes contradictorios a la comunidad inversionista internacional, lo que contribuye al alto nivel de incertidumbre. Existe un Ministro Consejero para la Atracción de Inversiones y una entidad para promoverlas (PROPANAMÁ), cuyos esfuerzos se ven entorpecidos por incoherencias como la fijación arbitraria de márgenes de ganancia/control de precios por parte del Gobierno, el anuncio de nuevo acuerdo con Minera Panamá (la mayor inversión extranjera en la historia) en enero 2022, repartición los beneficios (marzo 2022) y silencio absoluto por 7 meses, y, finalmente, la aceptación por parte de la Corte Suprema de Justicia, de una Demanda de Inconstitucionalidad al Artículo 13 de la Ley de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), referente a incentivos fiscales.

El futuro de la CSS y el país dependen de la inversión privada

Con una deuda que hoy supera los $43 mil millones, el Proyecto de Ley de Presupuesto para la vigencia fiscal 2023 asciende a $27,162.9 millones, y plantea limitaciones para la inversión en infraestructura pública generadora de empleos.

El deterioro de la confianza en el clima de inversiones y la sistemática satanización de la iniciativa privada en el país han “alimentado” a la peor amenaza que hoy enfrenta la CSS, la precarización del empleo. El capital y el trabajo no son enemigos. Sin empleadores no hay empleados que coticen a la CSS. Y sin cotizantes, la CSS no existe.

Urge transmitir confianza de que invertir en Panamá es un buen negocio. Sin inversión privada no habrá empleos dignos. No es un “debate ideológico”, sino una REALIDAD MATEMÁTICA.