Desde 2015 abogado querellante alertaba sobre policías en el MP

La desproporcionada presencia de policías en el Ministerio Público (MP) dirigiendo investigaciones de alto perfil durante el gobierno de Juan Carlos Varela, fue un hecho que ya era advertido desde el año 2015 por el abogado Ángel Álvarez, quien representó a una de las partes querellantes en el caso "Pinchazos" contra el expresidente Ricardo Martinelli.

Álvarez manifestó su inquietud sobre la forma en que el MP estaba conduciendo las investigaciones en una carta con fecha del 15 de septiembre de 2015 al procurador de la administración, Rigoberto González, y a José Ayú Prado, en ese entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia.

"En los últimos tiempos, el aumento -a veces desproporcionado- de unidades policiales y/o militares en los distintos despachos de instrucción, es cada vez más evidente", manifestaba Álvarez.

"Hemos sido testigos y receptores de algunas acciones que condicionan el funcionamiento de los despachos de instrucción y que pudieran poner en tela de duda la dirección del ejercicio de la acción penal y la independencia de los fiscales y su personal. Estas mismas acciones alientan también la desobediencia de la estructura organizativa establecida en los códigos de procedimiento", alertó en su momento Álvarez.

"La falta de control, supervisión y reglamento de la presencia policial o militar, a lo interno de los despachos, pone de manifiesto que en ocasiones estos agentes no están únicamente sujetos al cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, sino que además, participan, definen y cuestionan la toma de decisiones de fiscales y secretarios (as), en la práctica de diligencias o actos de investigación y hasta en las más mínimas gestiones, afectando, limitando, restringiendo las facultades legales y constitucionales exclusivas del Ministerio Público, en desmedro de la separación de los poderes públicos, y del efectivo ejercicio profesional de defensores o acusadores".

A juicio de Álvarez, estas circunstancias "pudieran ser aprovechadas para desviar el funcionamiento del Ministerio Público, al punto de tergiversar el rol en el que cada entidad debe ubicarse, permitiendo así la injerencia y usurpación de los agentes policiales y/o militares en funciones propias y exclusivas de fiscales y secretarios (as)".

El abogado pidió al procurador González, de manera urgente, dictar un reglamento para regular los mecanismos de control, comunicación, participación y supervisión de los despachos de instrucción, incluyendo aspectos como la cantidad de unidades dentro de los despachos, las facultades durante las diligencias y entrevistas de cliente-abogado, la reserva de los testimonios y descargos.

Ángel Álvarez era el abogado del querellante Yassir Purcait hasta 2018, cuando este último decidió cambiarlo por Jaime Abad, debido a que Álvarez era de la opinión de que en el caso "Pinchazos", no se le imputó cargos a Ricardo Martinelli, lo cual es una violación al proceso penal.

Tres años después de esta carta, el país conoció sobre la existencia de una “Procuraduría Paralela” en la que los casos contra figuras del gobierno de Ricardo Martinelli eran armados por policías del Consejo de Seguridad, y se entregaban a los fiscales.

En días recientes, la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, acusó al Ministerio de Seguridad de "desmantelar" las fiscalías anticorrupción, lo que fue rápidamente desmentido por el ministro Rolando Mirones y por el propio presidente Laurentino Cortizo.

“No se ha desmantelado ningún organismo de investigación. La unidad femenina de la Policía Nacional que se designó para dirigir el equipo de la Policía Nacional, asignado al Ministerio Público, es una oficial de investigación graduada en Chile, ha trabajado en narcóticos, en la DIJ, en la Dirección de Investigación Policial y es personal operativa”, destaca el ministerio a cargo de Rolando Mirones.

“La Policía Nacional tenía un equipo de 18 personas asignadas al Ministerio Público, solo se enviaron 4 personas de vacaciones, pero los 15 policías investigadores restantes fueron sacados de la oficina en la que laboraban, les bloquearon el acceso al trabajo sin explicación sustentada”, añadió.

Por su parte, el mandatario Cortizo expresó: "El que diga que se está desmantelando a la DIJ es falso y está mintiendo".

Más allá fue el exministro de Seguridad durante el quinquenio 2009-2014, José Raúl Mulino, quien sostiene que la permanencia de Porcell durante el actual gobierno es "insostenible", dado que ella, sus fiscales y policías en el MP convirtieron a la institución en un "instrumento de persecución, represión y manipulación".

“Ciertamente a esta señora se le empieza a poner de noche, porque además de todo lo que le va a venir, fue encubridora de claros delitos confesados”, respecto a funcionarios del varelismo en torno al caso Odebrecht.