Gobierno de Cortizo cuestiona reportes de Médicos Sin Fronteras

El Gobierno de Panamá criticó ayer que Médicos Sin Fronteras (MSF) enviaba informes "incompletos" de migrantes víctimas de violencia sexual durante su travesía en el Darién y confirmó que esta ONG ya no está autorizada a proporcionar atención médica en la región al haber concluido el convenio bilateral.

El Ministerio de Salud dijo en un comunicado que ante "los supuestos reportes de violencia sexual, MSF debe notificar inmediatamente conocido el hecho los datos de la persona a las autoridades locales para que se inicien las investigaciones del caso desde la perspectiva legal y de salud".

Y que "en diversas ocasiones el Ministerio de Salud le ha solicitado a MSF compartir el expediente completo de las supuestas víctimas de violencia sexual, pero estos informes han sido remitidos de manera incompleta".

Por ello, el Gobierno panameño está "evaluando" si MSF cumplió con "las normas establecidas y estipuladas dentro del convenio de colaboración, que establece la notificación e historial clínico de los pacientes, lo cual va en beneficio de toda investigación, para darle debido seguimiento a los casos denunciados".

Médicos Sin Fronteras informó el jueves que había tenido que suspender su atención médica y humanitaria en el Darién desde el 4 de marzo por "orden" del Gobierno panameño ante la falta de un convenio con las autoridades y que esa ONG intentó "en vano obtener dicha renovación desde octubre de 2023".

El Gobierno panameño confirmó que ese convenio de colaboración culminó el pasado 31 de diciembre, "por ende, este organismo no está autorizado en estos momentos a brindar atención de salud y demás compromisos establecidos en dicho convenio".

Y agregaron que notificaron "el pasado 29 de febrero de 2024 de manera formal a MSF la suspensión de actividades, hasta que culmine la revisión y evaluación del convenio, ya que se había cumplido con el período establecido entre ambas partes".

MFS recalcó el jueves que está "enormemente preocupada por las consecuencias que la suspensión tiene sobre la población migrante", pues en promedio, cada mes, los equipos médicos brindan atención en salud física y psicológica a casi 5.000 personas, "con un especial énfasis en las sobrevivientes de violencia sexual".