Jaime Caballero desiste de apelación.

"Hay cosas más allá de la ley que están influyendo en este caso", denunció la defensa del dirigente sindical Jaime Caballero, cuya audiencia de apelación —programada para este viernes a las 3:00 p.m. en el SPA de Plaza Fortuna— fue declarada desierta tras el desistimiento oficial de su defensa legal.

La sorpresiva decisión ha generado malestar y suspicacias, luego de que el abogado sustituto, Mario Prado, afirmara que hay "factores externos a los temas jurídicos" que estarían afectando las decisiones de los jueces. “Tenemos todos los elementos para demostrar su inocencia, pero hay situaciones fuera del contexto legal que influyen”, expresó tajantemente Prado.

Caballero permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad Mega Joya, lo que ha sido duramente criticado por su equipo legal. En la audiencia del 16 de mayo, su abogado principal César Ruiloba solicitó que se le permitiera reportarse dos veces al mes en Chiriquí, ya que enfrenta otras medidas cautelares que podrían quedar en el aire si permanece detenido.

Pero nada de eso fue considerado.

El caso que lo tiene tras las rejas

El líder sindical fue aprehendido el pasado 14 de mayo, tras salir de otra audiencia donde ya se le habían impuesto medidas cautelares por otro proceso. ¿La razón de esta nueva detención? La presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales y financieros.

La investigación del Ministerio Público —que arrancó en marzo tras una alerta bancaria enviada a la UAF— destapó una supuesta red de movimientos financieros turbios dentro de la organización sindical.

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El fiscal Emeldo Márquez no se guardó nada: aseguró que Caballero habría recibido, transferido y usado fondos provenientes de actividades ilícitas, ejecutadas por miembros de la junta directiva del Suntracs. El objetivo, según la acusación, era ocultar el origen real del dinero mediante maniobras como la estratificación de fondos.

¿A nombre de quién estaba la plata?

Parte del dinero terminó en cuentas bancarias a nombre del propio Caballero y de su hija. Los fondos, según la fiscalía, fueron usados para pagar tarjetas de crédito, gastos personales y compras para un negocio familiar.

El caso sigue generando reacciones entre los simpatizantes del Suntracs, quienes denuncian una "persecución política disfrazada de proceso legal", mientras otros exigen que se llegue al fondo del asunto y se castigue cualquier acto de corrupción.

¿Justicia selectiva o mano dura contra el desvío de fondos sindicales? El país está pendiente.