Kenia tramitaba caso de ‘El Loco’ sin tener competencia

A pesar de no tener competencia en el caso de Ricardo Martinelli por ser miembro del Parlacen, la procuradora Kenia Porcell y sus fiscales habrían ignorado que el trámite para la extradición de Ricardo Martinelli no era de su competencia, a pesar de lo cual mantuvieron comunicación constante y directa con los abogados de la firma norteamericana Foley Hoag LLP, contratada por el gobierno de Juan Carlos Varela.

Documentos de la Cancillería panameña dan cuenta de que Porcell y su equipo sostuvieron varias reuniones y conferencias telefónicas con los abogados estadounidenses, los cuales incluso les daban instrucciones sobre la manera como el Ministerio Público debía actuar para llevar adelante el trámite.

Lo anterior es una de las muchas irregularidades que se han descubierto dentro del contrato millonario con Foley Hoag LLP y otros documentos relacionados con la actividad que desarrollaron los abogados en coordinación por la Procuraduría.

Desde el 1 de junio de 2016, la firma Foley Hoag LLP presentó cada mes un informe detallado de su trabajo y allí incluía desde la revisión de documentos hasta conferencias telefónicas con el “cliente”, pero la mayoría de las llamadas se hacían a un número telefónico en el MP y vinculado a la fiscal Zuleyka Moore.

El 27 de octubre de 2017, uno de los abogados de Foley Hoag reportó que debía “revisar el borrador de la Solicitud de Extradición para preparar teleconferencia con T. Sterling” y consignó, además, que se haría reunión con la procuradora Kenia Porcell y el embajador de Panamá en Washington, Emanuel González Revilla.

En el mes de julio de 2017 también uno de los abogados de la firma confirmó que revisó un borrador de la declaración jurada del magistrado Harry Díaz y “convirtió ese borrador en la forma de una declaración jurada”, para el caso en Estados Unidos.

La coordinación entre el Ministerio Público y los abogados era permanente.

El 7 de diciembre de 2017 se dio un reporte interesante donde uno de los juristas se comunicó con el Ministerio Público en Panamá para analizar cómo se afectaba un posible cambio de Tribunal Penal en el caso de Martinelli. A pesar de que Porcell sabía que la competencia era de la Corte, se mantenía ventilando el caso con los abogados estadounidenses.

En una ocasión el Gobierno panameño solicitó a los abogados de esta firma investigar los registros de las personas que visitaban a Martinelli en la cárcel federal donde permanecía detenido en Miami.

El abogado Luis Eduardo Camacho González adelantó que a las autoridades que avalaron esta contratación se le puede acusar de la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, delito contra la administración pública e incluso falsedad.