Licitación de astillero, entre influencias y favoritismo

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) no sólo pospuso el acto público para licitar la concesión del astillero de Balboa (Muelle 8), sino que redujo el precio base del concurso de 18 millones de dólares a 12 millones por solicitud de una de las empresas participantes con mayor opción.

Esto ha encendido las alertas sobre posibles preferencias entre los interesados, de acuerdo los análisis hechos por integrantes del sector que hablaron con este medio a reserva de su identidad, revelaron fuentes del sector marítimo. En total hay interés de 12 empresas en la licitación, pero ello podría afectarse por los indicios de que ya hay favoritismo al más alto nivel de la AMP.

“Al menos unas cuatro empresas, supuestamente, aplicarían sus habilidades y sinergias, como una especie de cofradía u organización secreta, para concretar negocios marítimos al amparo de la AMP y su administrador Noriel Araúz”, denuncian fuentes preocupadas, posicionadas dentro y fuera de la entidad que regula toda la actividad marítima de Panamá.

Entre las empresas del círculo de Araúz está Stward Corporation representada por Pablo Torres Chong, primo del HD Ricardo Torres jefe de la bancada del PRD.

Torres, siendo propietario de una de las 2 cuestionadas “autorizaciones de ocupación” del Muelle 8 en Balboa y un hecho denunciado ante el Tribunal de Cuentas, ahora aspira conseguir la licitación.

Torres, y otro empresario, Mario Bretton, han sido mencionados en una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, asignada al fiscal José Ayarza. La denuncia fue motivada por una posible extorsión a un empresario marítimo, el Capitán Rafael Botello, para obligarlo a vender su empresa. La denuncia fue presentada por la abogada Helga Ceballos.

Una fuente del sector, afirmó su preocupación por este tipo de situaciones, en las que ni el actual ministro y Administrador de la AMP, Noriel Araúz, ni la Junta Directiva de la entidad se han manifestado al respecto. Mientras tanto la fiscalía ha emitido varios oficios, para indagar la veracidad y las motivaciones del posible delito.

Otra de las empresas conectada a los actuales administradores de la AMP es Mesolju Marine Services Corp. (MMSC) cuyo representantes es Rogerd Moreno. Mesolju Marine Services Corp. es la segunda empresa beneficiada con la cuestionada “autorización de ocupación” del Astillero de Balboa, la cual también participa por la concesión a 20 años. La empresa también está señalada en la denuncia interpuesta ante el Tribunal de Cuentas por la abogada Helga Ceballos.

Además, Roger Moreno repite aparentemente en otro formato con la empresa Mesolju Shipyards, representada por Oscar Alberto León, para competir por la concesión del astillero. Sumando 2 empresas con nombres similares, suponiendo diferentes directivos, pero mismos intereses.

Otro de los allegados al administrador de la AMP es Gabriel Fernández quien está conectado a la empresa “Sea Energy”. La empresa también estuvo vinculada con Pablo Torres en el pasado reciente, y quien parece salir en todas las ternas.

Se confirmó que esta empresa estuvo envuelta en un derrame de bunker en la costa pacífica cercana al Canal de Panamá el año pasado con su nave “Sea Lion”, lo que motivó una sanción y revocación de su licencia de navegación. Sin embargo, la licencia se renovó en menos de un año sin explicación, gracias a una decisión del actual administrador Araúz que nadie en el sector marítimo comprende.

Fernández, también participa con su empresa AB Marine Consulting, para optar por el manejo del Astillero, su facilidad para renovar licencias de operación en plena moratoria. A pesar de que la misma empresa ha sido señalada en otros eventos de contaminación.

Este cerrado grupo de empresas conectadas a Araúz tendrías planes de aliarse con una empresa extranjera que ya fue visitada por Araúz y el presidente Laurentino Cortizo.

Se trata de la empresa española Astilleros Canarios, S.A. (ASTICAN) señalada dentro del proceso de licitación como la posible favorita para adquirir la concesión. “Serían las empresas de la cofradía marítima, quienes asegurarían ese proceso a cambio de mantenerse posicionados favorablemente en las instalaciones del astillero con el nuevo operador, según las fuentes del sector.

ASTICAN, a través de la empresa Servisur, compite por el astillero frente a once competidores. Astilleros Canarios es una de las empresas mejor posicionadas, debido a su experiencia en el sector. En la licitación de 2012 ya estuvieron presentes con un consorcio compuesto por el 50% de ASTICAN y el 50% restante de la familia Liberman.

Guillermo Liberman, relacionado en el tráfico de influencias según las conversaciones filtradas por “Varelaleaks.com”, fue quien acompañó el presidente de ASTICAN, German Suárez Calvo, a una reunión con el Presidente Nito Cortizo en enero de 2020.

“Mostraron su interés de invertir… con miras a generar 5 mil empleos directos e indirectos y de colaborar con la reactivación del astillero Balboa”, dijo Cortizo a través de sus redes, a propósito del encuentro.

Recientemente, Servitur (ASTICAN) solicitó durante el proceso de homologación, y fue concedida, una rebaja del canon de arrendamiento que deberá pagar la empresa que gane la licitación. La disminución fue de 18 millones a 12 millones de dólares, respaldado por un decreto, firmado por el administrador de la AMP. Además pospusieron el acto para julio de 2020.

Mientras tanto Pablo Torres, Rogerd Moreno, Gabriel Fernández y su grupo de allegados, en el interín, esperan un nuevo operador que les permita continuar con su actividad dentro del astillero de Balboa, según los observadores internos y externos de la AMP.

En el caso del astillero, las empresas con “autorización de ocupación” de Torres y Moreno seguirán pagando unos 5 mil dólares mensuales por las mismas instalaciones que cuestan millones y facturan cientos de miles de dólares, para generar empleos y actividad económica, según un comunicado de la AMP.

La denuncia hecha ante la propia administración y el tribunal de cuentas deja evidencia de que una “autorización de ocupación” no es una concesión y que, con el pretexto de generar actividad económica, se ha recurrido a una figura cuestionable, provocando unos posibles favoritismos peligrosos de unas empresas en favor de otras, según informó la abogada Helga Ceballos, quien interpuso la denuncia el pasado 17 de mayo.

La cofradía no se detiene en el astillero, “ya que existen más integrantes anónimos del hoy y del pasado, que presumiblemente están sumando recursos adicionales y fortaleciendo una hermandad que busca consolidarse”, antes que termine el actual período de gobierno. Son los comentarios en el gremio marítimo, que preocupan por la agresión contra la seguridad jurídica que esto supone y sus terribles consecuencias.

En la AMP se contrapone a las guías legalmente establecidas, puesto que el artículo 266 de la Constitución Política establece que “La Ley establecerá las medidas que aseguren en toda licitación el mayor beneficio para el Estado y plena justicia en la adjudicación”. Esta justicia se logra, según el texto único de la Ley N° Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la Ley 153 de 2020, la cual en su artículo 33 establece un principio de igualdad de oportunidad de los proponentes. Esto as u vez obliga a que los aspirantes en acto público deben: “tener las mismas posibilidades de resultar adjudicatarios”.