Maduro y María Eugenia buscan desconocer la voluntad popular

Al igual que como se intenta en Panamá con Ricardo Martinelli, el chavismo de Nicolás Maduro utilizó una Sala de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, para impedir que la candidata opositora María Corina Machado, pueda correr en las elecciones presidenciales.

En Panamá el gobierno de Laurentino Cortizo mueve los hilos en la Sala Penal a través de la presidenta de la Corte, María Eugenia López Arias y en Caracas, el mandatario Nicolás Maduro hace lo propio con la magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y la Sala Político Administrativa.

Lo sucedido con Machado ha generado repudio mundial. “Los venezolanos merecen una elección libre y justa”, sería patético y repulsivo que alguien pretendiera asumir ese lugar, pasando por alto el pronunciamiento popular indiscutible que hubo en el país en las primarias” opositoras organizadas por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), donde María Corina logró el 92.35 % de los votos, destacó la OEA.

Acá en Panamá, el candidato Ricardo Martinelli marca de primero en todas las encuestas y recibe gran respaldo espontáneo en cuanto evento popular acude.

En marzo del 2014, siendo Martinelli presidente otorgó el escaño de Panamá en la OEA para que la entonces diputada María Corina Machado expusiera ante ese foro un panorama de la situación en su país a los embajadores de la región.

El analista y abogado experto en temas de derechos humanos, Pedro Antonio Sittón Ureta dijo que la inhabilitación política ha sido el arma utilizada por los regímenes autoritarios y dictaduras judiciales para impedir que líderes opositores puedan aspirar a la Presidencia de sus países.

Sittón dijo que hoy se ve con María Corina que tiene las papeletas para ganar las elecciones en Venezuela, pero una Corte siguiendo instrucciones de Maduro la inhabilitan, pero en Panamá sucede igual con las directrices de Cortizo-Carrizo hacia una "generala" y presidenta de la Corte, María Eugenia Lopez, que promueve la judicialización de la política para marginar la voluntad popular de tres millones de panameños.