Magistrada cuestiona abogados, pero demoró 961 días en dictar fallo

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, María Eugenia Lopez Arias, amenazó con quitarle la idoneidad a los abogados que dilatan los procesos con recursos que permiten la ley, pero ella se demoró 961 días para emitir el fallo bajo su ponencia que rechazaba el matrimonio entre parejas del mismo sexo".

María Eugenia López asumió el 3 de septiembre de 2020 la ponencia de advertencias de inconstitucionalidad contra el artículo 26 del Código de la Familia, para que se reconociera el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero no fue hasta el 16 de febrero del 2023 que emitió un fallo.

En tanto, el abogado y candidato a diputado por MOCA, Ernesto Cedeño se mostró en contra de la posición de la magistrada López y dijo que en todo caso esas medidas deberían comenzar por casa y suspender la idoneidad a magistrados y jueces que se sientan sobre los expedientes.

Acaso a María Eugenia López se le olvida qué pasó con el primer fallo de inconstitucionalidad contra el contrato de Minera Panamá.

A la Corte le tomó casi nueve años sacar el fallo que declaró inconstitucional la Ley 9 de 25 de febrero de 1997, por la cual se aprueba el contrato celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla (hoy Minera Panamá). Hubo dos demandas presentadas en el 2009 que se acumularon, una de Susana Arcelly Serracín en representación de Centros de Incidencia Ambiental, y otra por Ramón Sevillano Callejas. El fallo salió en diciembre de 2017.

Ernesto Cedeño dijo que discrepaba con la teoría de María Eugenia López, porque todos tienen derecho a trabajar y si la abogada magistrada o cualquiera otra persona cree que un abogado ha violado la ética que presente la denuncia correspondiente ante el Tribunal de Honor y Disciplina del Colegio Nacional de Abogados”, señaló Cedeño.

Hay despachos judiciales y de fiscales donde abunda la mora judicial, por lo que la depuración debe empezar primero en casa, Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, para luego poder hablar con autoridad sobre las presuntas irregularidades que pudiera haber cometido algún abogado, en el uso de su derecho para defender una causa, concluyó el jurista.