María Eugenia podrá retomar trámite del vehículo blindado

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) aclaró que no ha rechazado de manera definitiva la contratación del alquiler de un vehículo blindado solicitado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para garantizar la seguridad de su presidenta, María Eugenia López, lo que faculta a esta institución a reiniciar el trámite para continuar con la contratación.

La aclaración se da luego de que López enviara una solicitud de reconsideración a la DGCP tras interpretar que el proceso había sido cancelado sin permitirle exponer su criterio.

En una carta dirigida a López, el director de la DGCP, Javier Marquínez, explicó que la entidad suspendió el trámite por no cumplir con requisitos necesarios para su autorización, entre ellos, la falta de alineación con las políticas públicas del Estado y una evaluación adecuada del mercado.

“Tras realizar el respectivo análisis del escrito petitorio y de la documentación sustentadora que la acompaña, se ha determinado que lo aportado, hasta el momento, incluida tanto la documentación inicialmente aportada, como la enviada posteriormente como subsanación, no ha cumplido a cabalidad con los requisitos para su autorización”, subraya la misiva.

Marquínez señaló que reconoce el riesgo que representa el atentado sufrido por la magistrada, el pasado 31 de enero, en el Palacio Gil Ponce, pero este hecho no puede justificar una contratación que supera por más de 40 mil dólares el presupuesto del mercado local.

Reiterando que, aunque la entidad cuenta con la facultad legal de rechazar procedimientos que se opongan a las políticas financieras estatales, este no fue el caso, ya que, dicha decisión no fue la establecida; por lo tanto, no aparece plasmada en la nota de devolución emitida al Órgano Judicial.

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“Es importante resaltar que el cambio ha estado de “cancelado” no debe interpretarse como un rechazo de plano por parte de esta dirección; dicha decisión no ha sido establecida en ninguna de las observaciones plasmadas en la nota de devolución emitida”, reiteraron.

En consecuencia, lo dicho por la magistrada de que el expediente fue “cerrado” no es correcto, y la entidad puede reingresar el trámite tomando en cuenta las correcciones hechas por la Dirección General de Contrataciones Públicas.

“Consideramos que es necesaria una reevaluación de la misma con base en las observaciones que le han sido formuladas y que motivaron la devolución”, señalaron.

Una vez realizados los cambios, la Corte Suprema de Justicia podrá reingresar su solicitud a través de una nueva publicación en el portal “Panamá Compras” para proseguir con el trámite que permita el perfeccionamiento de la contratación y la gestión del pago correspondiente.

La contratación de un vehículo blindado para garantizar la seguridad y movilidad de la presidenta del Órgano Judicial ascendía a $70,620.00, por un periodo de 30 días, del 31 de enero al 1 de marzo de 2025.