¡Martinelli, en medio de la presión!

Ricardo Martinelli pregonaba desde Miami que no venía Panamá, porque no tendría un juicio justo. Lo sucedido desde su extradición hace 27días parecen darle la razón, porque el magistrado de “garantías” Jerónimo Mejía ha rechazado peticiones de su defensa, que en otros casos similares han sido acogidas.

Sin duda que Martinelli es un político que genera amores en el sector popular y odios entre la elite del poder económico y político del país, pero a pesar del bombardeo y vapuleada a la que es sometido, la más reciente encuesta del PRD al preguntar –de manera espontánea y sin listas- ¿por quién votaría para presidente?, la mayoría respondió que por el hombre que hoy guarda prisión en El Renacer.

Además, Cambio Democrático –el partido de Martinelli- fue seleccionado como el colectivo por el que votarían los panameños en mayo de 2019. En contraste con Martinelli, al actual mandatario Juan Carlos Varela –según la misma encuesta- lo desaprueban 9 de cada 10 panameños.

Jerónimo Mejía le negó a Martinelli hasta el derecho a renunciar al Parlacen, todavía el viernes lo seguía llamando diputado. A pesar de su renuncia y que debía declinar la competencia del caso a instancias inferiores, se lo negó. Igual rechazó reconocer que se le violó el fuero penal electoral al iniciar la investigación de los pinchazos, algo que es idéntico a lo sucedido con Martín Torrijos, cuando se le anuló el caso de los sobornos del Cemis, por “negligentemente” no solicitar levantar esa prerrogativa.

Ahora su defensa recurrió al pleno de la Corte Suprema de Justicia con un amparo de garantías para que decline competencia, pero los factores de poder han montado toda la presión posible a magistrados, que solo deberían estar subordinados a la Ley, Constitución y los Tratados, pero que algunos se preocupan más por la popularidad, política o intereses ajenos a la justicia.

La situación no es sencilla para Martinelli, sobre todo luego que el cardenal José Luis Lacunza –contrariando el propio contenido de un comunicado de la Conferencia Episcopal- prácticamente sugirió a la Corte mantener el caso de “El Loco” en esa esfera.

Aunque figuras reconocidas en el foro como el exmagistrado Edgardo Molino Mola y el constitucionalista Italo Antinori han coincido con la defensa, el magistrado fiscal Harry Díaz y los querellantes, de que la Corte, perdió competencia, figuras que no son ni siquiera abogados lanzan toda clases de advertencias, para que el pleno haga los que ellos les indican: que se mantenga el caso en manos de Mejía.   El constitucionalista Italo Antinori –quien para nada es simpatizante de Martinelli- ha dicho que no cabe duda que ante la renuncia al cargo de diputado al Parlacen, la Corte Suprema deja de tener competencia para seguir dirimiendo el caso. 

“El expediente deberá ser remitido al Ministerio Público para que éste comisione a un fiscal de la causa a fin de que ejerza sus funciones ante un Juez de Garantías. Consideramos que, como el caso empezó bajo la cuerda procesal del Sistema Penal Acusatorio nos inclinamos más por el criterio de que debería seguir aplicándosele las reglas del Código Procesal Penal, que contiene el denominado Sistema Penal Acusatorio.  No obstante, este aspecto debe ser decidido por una interpretación del pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, ante tan inédita situación”, sostuvo Antinori.

Angel Luis Alvarez, el abogado que presentó la primera querella de pinchazos contra Martinelli, sostuvo que la competencia no es un obstáculo a la justicia; por el contrario, es garantía judicial del Debido Proceso. En Panamá –aunque muchos intenten ignorarla- aún está vigente la Constitución y en su artículo 32: “nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa”, explicó el jurista.

Alvarez detalló que por la calidad de la parte, la competencia para juzgar es la siguiente: 1. Presidente: Asamblea. 2. Magistrado: Asamblea. 3. Diputado: Corte Suprema. 4. Ciudadano (sin cargo público): Justicia ordinaria.

El exmagistrado Edgardo Molino Mola, desde el 22 noviembre de 2017, advertía que una vez que el Parlacen certificara  la renuncia de Martinelli a su curul, la investigación al exmandatario debía pasar a competencia de un juez de circuito. Se debía compulsar o enviar los casos al Ministerio Público, ya sea para continuar los procesos bajo el Sistema Penal Acusatorio o Sistema Mixto, añadía.

Otro abogado combativo desde los tiempos de la dictadura como Genarino Rosas exclamó que insistir en que la Corte mantiene competencia sobre el caso de Martinelli, es llover sobre mojado, porque el artículo 31 del Código Procesal Penal, jamás puede estar por encima de lo que disponen los artículos 155 y 206 de la Carta Magna. Es ilusorio que abogados sigan insistiendo en ese circo, porque le están haciendo daño al Sistema Penal Acusatorio, añadió,

Un analista advirtió que ese tipo de interpretación ya sobrepasa hasta el propio Martinelli, porque están creando precedentes funestos para liderazgo emergentes a los que mañana los factores de poder le levantan un proceso y tuercen las leyes, los Códigos y la Constitución a placer, con el fin de lograr el objetivo y anularlos políticamente.

Sin duda que Martinelli debe estar presionado. No es fácil lidiar con un caso donde ya sin juicio se le anticipa una condena, tendrá presión de gente que quiere tumbare millones de dólares y debe estar meditando si revela muchos de los secretos que hoy se guarda y que –por ahora- ha preferido guardar, pero que cualquiera revelaría, sino le dispensan el mínimo respeto a sus garantías. ¿Está el país preparado para más situaciones sensitivas?