Minera denuncia que Gobierno la presiona para aceptar contrato

Minera Panamá S. A. (MPSA), calificó este lunes como presiones por parte del Gobierno, la solicitud de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), de suspender las operaciones de carga de concentrado en el puerto de Cobre Panamá, ubicado en Punta Rincón, Donoso, provincia de Colón, hasta comprobar que el proceso de certificación en la calibración de las balanzas se ha iniciado.

A través de un comunicado emitido desde Toronto, Canada, la empresa First Quantum Minerals Ltd, sustenta que el pasado 26 de enero recibió la Resolución No. 007-2023 emitida por la AMP y que "presentó la prueba requerida del inicio del proceso de certificación por parte de una empresa acreditada el 3 de febrero de 2023".

Alegan que dicha Resolución "es parte de una serie de intentos crecientes por parte del Gobierno de presionar a la Empresa para que acepte un contrato de concesión renovado en los términos del Gobierno".

En el documento también plantean que como la Resolución varía del proceso previo de certificaciones aceptadas internacionalmente que MPSA ha proporcionado previamente a la AMP, las cuales han sido aceptadas por ellos hasta el momento, por lo cual han suspendido las operaciones de carga a la espera de una respuesta de la entidad panameña.

Sentencian que si se ven obligados a cerrar Cobre Panamá, esta medida afectará al país, a los trabajadores de la mina, los proveedores y a la economía panameña en general, ya que si el concentrado no se envía a mediados de febrero, eso es lo que tendrán que hacer, debido a la capacidad limitada de almacenamiento que existe en el sitio.

El comunicado de First Quantum Minerals Ltd, también enumera lo que ellos califican como pasos inoportunos e innecesarios, tomados recientemente por las autoridades panameñas, que perjudican las negociaciones de buena fe.

De igual forma, también aseguran que están preparados para cumplir, y en parte superar, los objetivos que el Gobierno delineó en enero de 2022 en relación con los ingresos, la protección ambiental y las normas laborales, lo cual incluye un mínimo de $ 375 millones por año en ingresos del gobierno, compuestos por impuestos y una regalía basada en las ganancias del 12 al 16 por ciento, con protecciones a la baja alineadas con la posición del Gobierno.

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— Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) February 6, 2023