Ministro Pino vuelve con su extinción de dominio

El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino anunció que el nuevo proyecto de extinción de dominio, fue hecho a lo "panameño", tras no lograr a finales de abril los votos necesarios para convertirse en ley de la república.

El proyecto es una herramienta que puede usar el Estado panameño para contrarrestar el crimen organizado trasnacional, dijo Pino, quien advirtió que Panamá está a tiempo de adoptar acciones, porque ya se observan focos de actividades criminales con panameños a otros niveles de delincuencia en España y otros países...eso da indicadores de qué algo está pasando.

Aunque la extinción de dominio se vendió como una iniciativa para acabar las "finanzas del crimen organizado", el proyecto inicial incluyó casi todos los delitos tipificados en Panamá y hubo que reducirlos

La nueva propuesta incluye los delitos de blanqueo de capitales, delitos relacionados con drogas, trata de personas, tráfico de personas y de órganos, tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos, terrorismo y financiamiento de terrorismo, explotación sexual comercial y pornografía con menores de edad, secuestro y extorsión.

Así como el delito de homicidio y lesiones graves físicas o psíquicas, hurto y robo de vehículos, sus piezas y componentes, manipulación genética, piratería, delitos financieros, contra la administración pública, propiedad intelectual, entre otros.

La iniciativa propone una nueva burocracia al crear una jurisdicción especial, presidida por una fiscalía especializada en extinción de dominio, tres magistrados del Tribunal Especializado de Extinción de Dominio, siete jueces de control patrimonial. Además se designará un fiscal de extinción de dominio por un periodo de 10 años y también existirán 7 fiscales adjuntos.

Las investigaciones tendrán un plazo de seis meses. Si hay absolución los bienes serán devueltos o la suma equivalente de acuerdo al valor que tenían en el momento de ser aprehendidos en caso de haber sido vendidos o subastados.

Pino dijo que sería la cuarta vez que se lleva el proyecto a la Asamblea.