Panamá sigue en lista gris, pero Gafi reconoce avances

Panamá no pudo salir de la lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y permaneció en las jurisdicciones con deficiencias estratégicas, sin embargo el organismo reconoció el “progreso continuo” del país en su lucha contra el blanqueo de capitales,

«El GAFI toma nota del progreso continuo de Panamá en su plan de acción, sin embargo, todos los plazos han expirado y aún queda trabajo» dijo GAFI.Entre los principales avances realizados por Panamá, que está en esta lista desde el 2019, está: La finalización y publicación del análisis de riesgo sobre el Financiamiento del Terrorismo, con el apoyo técnico del Banco Mundial; la tipificación de los delitos de defraudación fiscal y de envío de remesas sin licencia; creación de la Superintendencia de Sujetos No Financieros y la adopción de la Ley que crea el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiario Final de personas jurídicas.

GAFI recomienda continuar tomando medidas para identificar a los remitentes de dinero sin licencia, aplicar un enfoque basado en el riesgo para la supervisión y asegurar sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias contra las violaciones.

Además sugieren establecer mecanismos efectivos para monitorear las actividades de las entidades extraterritoriales, evaluando los riesgos existentes de uso indebido de personas jurídicas y arreglos para definir e implementar medidas específicas para prevenir el uso indebido de los accionistas y directores nominados.

También se alega que Panamá debe demostrar su capacidad para investigar y enjuiciar el lavado de dinero que involucre delitos tributarios extranjeros y continuar brindando cooperación internacional constructiva y oportuna para tales delitos.

Panamá tiene un equipo asesorado por un grupo de consultores externos expertos en temas relacionados con blanqueo de capitales y ha enfocado su trabajo en elaborar un diagnóstico apropiado y priorizar las tareas pendientes que permitan demostrar la efectividad de las normas adoptadas antes de su inclusión en la lista, así como identificar fallas normativas que pudiesen ser mejoradas a fin de optimizar el marco regulatorio local y asegurar su cumplimiento efectivo.