Piden a Gobierno garantizar seguridad de trabajadores de mina

La Cámara Minera de Panamá pidió hoy al Gobierno panameño garantizar la seguridad de miles de trabajadores de un proyecto minero de capital canadiense, que involucra unos 6.400 millones de dólares, afectado en las últimas semanas por una pugna sindical.

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La Cámara resaltó que en el proyecto Cobre Panamá, propiedad de Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense Firts Quantum, "no existe una huelga declarada por los trabajadores de esta empresa a causa de alguna reclamación sindical".

"La actual paralización de los trabajos (...) se debe a la necesidad de garantizar la seguridad de miles de trabajadores" ante las "tácticas intimidatorias, amenazas y coacción" de grupos de personas, "muchas ajenas" al proyecto, que se toman las instalaciones.

La Cámara señaló en específico a "miembros del Suntracs", el principal sindicato panameño de la construcción, quienes "como ya lo han hecho en varias ocasiones en meses anteriores, irrumpen en el proyecto con el principal objetivo de afiliar a esta agrupación, por medio de la violencia, la intimidación y la fuerza, a los trabajadores de la empresa".

Para el gremio, "es evidente que este mecanismo violento de afiliación obedece al rechazo, por parte de la abrumadora mayoría de los trabajadores, a estar sindicalizados bajo el paraguas del Suntracs".

La Cámara explicó que el viernes "la amplia mayoría de los más de 7.500 trabajadores de la empresa" Cobre Panamá "a pesar de los intentos para que no asistieran, se manifestaron pacíficamente en las calles de Penonomé", una localidad aledaña al proyecto.

La manifestación fue para solicitar "seguir ejerciendo su derecho al trabajo en un ambiente de tranquilidad y paz, y exigir que se respete el derecho de libertad sindical consagrado" en la ley, dijo el gremio en un pronunciamiento público.

A juicio de la Cámara, lo anterior evidencia que lo que ocurre en el proyecto de Cobre Panamá "no es un problema de orden laboral, sino que se trata de un problema de orden público e invasión a la propiedad privada, que debe ser resuelto por las autoridades antes de que se puedan dar hechos más lamentables".

"Es por ello que solicitamos al Gobierno nacional que actúe a la mayor brevedad para que garantice la seguridad y derechos fundamentales de la amplia mayoría de trabajadores de este proyecto", dijo la Cámara.

El proyecto Cobre Panamá es "la mayor inversión privada de todos los tiempos en el país, y es fuente de beneficios para miles de panameños y las comunidades", añadió.

La puja entre el sindicato de la mina, el STM, afiliado a Convergencia Sindical, y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), es el centro del conflicto, puesto que cada uno dice tener el mayor número de afiliados y, por lo tanto, el derecho legal de negociar con la empresa una nueva convención colectiva.

El ministro panameño de Trabajo, Luis Ernesto Carles, dijo el viernes que él sabe cual de los dos sindicatos tiene mayoría de afiliados, pero que en todo caso actualmente hay una convención colectiva vigente, en manos del STM, y que la próxima solo se puede comenzar a negociar a partir del 16 de mayo.

Carles señaló además que los dos sindicatos y la empresa "tienen la culpa" de la situación: el Suntracs por pretender que se adelante la negociación de la contratación colectiva; el STM por ciertas prácticas sindicales y la empresa por sus declaraciones altisonantes.

El ministro aseguró que en lugar del proyecto hay "más de 120 policías que cuidan de los bienes y el respeto que cada quien se tiene que tener" por el otro.

Por su parte, el secretario general del Suntracs, Saúl Méndez, insistió este viernes en que el STM es un "sindicato amarillo", es decir, creado y controlado por Minera Panamá, para negociar "un contrato amarillo en el que prácticamente roba todos los derechos a los trabajadores".

Pero el secretario general de Convergencia Sindical, Miguel Edwards, negó esa afirmación del Suntracs, al que acusó de afectar al proyecto minero "por razones de hegemonía terrorista sindical".

La empresa, por su lado, acusó el jueves al Suntracs de mantener "secuestrado, bajo amenazas, intimidación y violencia el proyecto más grande de Panamá".