Pittí, el agregado policial que hace trabajos técnicos

Ismael Pittí Branda, un sargento de la Dirección de Investigación Judicial (DJI), se convirtió en la clave para que en la gestión de Juan Carlos Varela se armara ilegalmente y con pruebas manipuladas, el expediente del caso de los pinchazos contra el ex presidente Ricardo Martinelli, desarrolla labores técnicas y no de agregado policial en la Junta Interamericana de Defensa.

En su puesto en Washington, Pittí factura sumas importantes de dinero desde agosto de 2014, cuando se le concedió la figura de “testigo protegido” y se le nombró agregado policial acreditado en la misión permanente de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en Estados Unidos.

En salarios, Pittí ha facturado casi un millón de dólares, según denuncias de abogados como Alfredo Vallarino.

Pero el salario oficial de Pittí es ocultado desde el gobierno de Varela y sigue en secreto en la administración de Laurentino Cortizo. En la planilla que deben publicar, por obligación legal, la Cancillería de Panamá y la Policía Nacional, no hay información del salario pagado a Pittí como agregado policial.

La Policía Nacional solo tiene registrado el salario que le han seguido pagando como un simple sargento de la DIJ de $1,165mensuales.

Este medio de comunicación tuvo acceso a dos informes de gestión de Pittí presentados ante la Policía Nacional.

El primer informe es del 3 de julio de 2020. En este documento, Pittí confirma ser un asistente de mantenimiento de copiadoras, teléfonos y computadoras, ya que el nombramiento habla de un técnico de ingeniería.

Pittí enumeró una serie de tareas que se enmarcan solo en la asistencia a los trabajadores de la misión de Panamá ante la OEA. “Velar que los funcionarios de la misión permanente de Panamá mantengan su estación de trabajo funcional. Configuración de una red de trabajo de las impresoras, a fin de que los funcionarios puedan compartir dicho recurso”, son parte de las funciones que dice haber hecho Pittí desde que llegó a Washington como testigo protegido.

El agregado policial también dijo haber trabajado en el inventario de la oficina de la misión y de la residencia del embajador, editando videos, haciendo plantillas de invitaciones y notas y ordenando expedientes.

Desde junio, Pittí reportó que se encuentra en teletrabajo por las medidas contra el covid-19 y que para ello se le encomendó instalarle los programas a una nueva computadora comprada por la embajadora María Roquebert.

El 4 de septiembre de 2020, Pittí reportó que continuaba bajo teletrabajo por órdenes de la embajadora Roquebert. Incluso, dijo que le daba asistencia remota a la laptop de Roquebert, equipo que presentaba problemas de conexión de la cámara.

En este segundo informe, Pittí volvió a recalcar que parte de sus funciones era la verificación de las impresoras de la embajada, cotización y compra de antivirus. También reveló que ayudaba al movimiento de mobiliarios y equipo de descarte para ser trasladados al garaje de la residencia de la misión diplomática.

Mientras la Cancillería y la Policía no den por terminado la asignación de agregado policial de Pittí, el sargento seguirá cobrando doble salario con fondos públicos, a pesar de que el caso donde fungió como testigo ya culminó con un resultado adverso a las pretensiones del expresidente Varela.