Proyecto de Ley de Cabotaje pasa a tercer Debate

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó de manera unánime en segundo debate el proyecto de ley 598 que regula el Cabotaje y las Actividades de Comercio Interior en Panamá, con el que se busca establecer controles para regular la industria marítima auxiliar, brindar estabilidad a la mano de obra panameña, garantizar la seguridad de la vida humana y la carga en el mar, así como la protección del medio marino.
La propuesta, que fue aprobada con 45 votos a favor y cero en contra, tuvo el aval y consenso de los diputados de todas las bancadas.

El diputado presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos Roberto Abrego señaló que esta norma protegerá a los empresarios nacionales para que se desarrolle una industria rentable que produce fuentes de trabajo, pues no se puede permitir que embarcaciones extranjeras que no ponen ni un solo trabajador panameño, ni un centavo a la economía local, realicen las actividades de cabotaje en nuestras aguas sin regulación.

Este proyecto fue consensuado por alrededor de un año por la Asociación de Armadores Panameños (ARPA), la Cámara Marítima de Panamá (CMP), y otras organizaciones empresariales e interesadas en el sector, quienes realizaron importantes aportes al documento. Dentro de su articulado, el proyecto dispone que las naves que brindan servicios bajo licencias de operación para servicios marítimos auxiliares, deberán estar registradas bajo la bandera panameña. También fija que la tripulación de naves que presten servicios marítimos auxiliares deberá estar integrada por al menos 90% de nacionales panameños, promoviendo la creación de plazas de trabajo.

El diputado independiente, Juan Diego Vásquez indicó que esta regulación se está haciendo para fortalecer este sector de la economía, pensado para los panameños, no por un discurso nacionalista que pretenda desconocer la inversión extranjera, sino para que en el momento que se dé la reactivación económica se pueda potenciar y proteger no solo a las empresas, sino a las personas que tienen embarcaciones pequeñas y que brindan servicios en las áreas costeras del país.

El proyecto dentro de su articulado también establece que: “La persona jurídica que solicite una Licencia de Operación para prestar servicios marítimos auxiliares a través de embarcaciones que naveguen en aguas jurisdiccionales de la República de Panamá deberá acreditar que al menos el 75% de sus accionistas o miembros, según fuera el caso, son nacionales panameños y que el resto de sus accionistas o miembros, según fuera el caso, son nacionales de países cuyos gobiernos no tienen medidas discriminatorias contra nacionales panameños o empresas con capital panameño”.

En ese sentido, el diputado del Partido Revolucionario Democrático, Raúl Pineda sostuvo que con esto Panamá no les está cerrando la puerta a los extranjeros, pues está abierto para todos, pero el 75% es de capital panameño para que el circulante se quede en Panamá y los empleados y colaboradores que trabajan en la industria tengan, seguridad, seguro social y, para que, además, las autoridades puedan responder ante cualquier accidente o derrame que ocurra en aguas nacionales. Explicó que en Países como España y Estados Unidos ninguna empresa extranjera puede realizar actividades de cabotaje.