Rápidos para unas vainas, pero lentoooos para otras

A pesar del tratamiento express que le dispensaron la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López y el Procurador Encargado, Javier Caraballo a la demanda de inconstitucionalidad contra la decisión mayoritaria de magistrados del Tribunal Electoral, que le reconoció el fuero al candidato presidencial, Ricardo Martinelli, a sus abogados no le han entregado copia de dicho documento.

La abogada Sherley Castañeda envió una nota a la magistrada López para que como ponente de la demanda interpuesta el 22 de marzo facilite una copia del documento. Castañeda, asegura que desde el 6 de abril están solicitando la copia y no ha tenido respuesta, por lo que acudieron ante un notario público, para que quede constancia de la petición.

“Podemos agregar que a la solicitud de la copia se ha reiterado mediante escritos con sellos de recibidos con fecha del 21 de abril y 8 de junio del presente año, resultando infructuosos todos los esfuerzos”, asegura Castañeda.

La abogada Castañeda en la nota enviada con copia a los otros 8 magistrados de la Corte, advierte que se acercan los alegatos y no tienen conocimiento del contenido de la demanda de Inconstitucionalidad. "El resultado de la demanda afecta los derechos de mi mandante, porque lo que es necesaria la copia del documento para ejercer una defensa efectiva de sus derechos”.

La demanda en cuestión tuvo una sorprendente, burda y hasta sospechosa velocidad. Caraballo no demoró ni 24 horas para "preparar" una opinión de 43 páginas frente a la acción de inconstitucionalidad. María Eugenia López el mismo día que recibió la demanda, la admitió y ese mismo día la remitió a Caraballo.

Nunca en la historia de la justicia panameña se había producido una situación similar en la que la opinión de un Procurador se emite al día siguiente del que se le corrió traslado por parte de la Corte Suprema.

Esa situación motivó que se interpusiera una denuncia contra la presidenta de la Corte ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional.

Para la denuncia sería un procedimiento similar al adoptado en el caso del exmagistrado Alejandro Moncada La Comisión debe designar un Fiscal y una subcomisión de garantías integrada por tres diputados y con el voto de dos sería suficiente para disponer la separación y la aplicación de medidas cautelares.

Solo se requieren 5 votos de los 9 integrantes de la Comisión para admitir la denuncia interpuesta por el abogado Alejandro Pérez por cinco delitos, entre los que están: contra los servidores públicos, contra la administración de justicia y contra la administración pública.