Refuerzan denuncia contra exfuncionaria de Cancillería

El abogado Luis Eduardo Camacho González aportó ayer ante el Ministerio Público una certificación de la Cancillería de Panamá que revela que no existe ninguna constancia que otorgue facultades a la exdirectora de Asuntos Jurídicos Internacionales, Gina López Candanedo, para modificar aspectos relativos al principio de especialidad contemplado en el tratado de extradición entre Panamá y los Estados Unidos firmado en 1904.

Camacho presentó un querella penal contra de Gina López y se le reclama a la denunciada pagar resarcimiento de $2 millones por los perjuicios causados al exmandatario Ricardo Martinelli.

En la querella se destaca que Gina López buscó mecanismos arbitrarios para desaplicar el principio de especialidad que contempla el Tratado de Extradición, el cual establece que un extraditado no podrá ser juzgado por ningún otro de los casos que se encuentra en la etapa de investigación o que surja con posterioridad al procedimiento de extradición.

Al responder una carta de Camacho González, el actual director de Asuntos Jurídicos Internacionales, Vladimir Franco se deja clara que no hay constancia ni documentación que otorgue plenos poderes a la señora López para comprometer al Estado para aprobar lo planteado en una nota remitida el 4 de abril de 2019 al funcionario de Washington, Thomas Heinemann.

Además se advierte que no reposa en Cancillería nota o documentación remitida a la Asamblea Nacional para modificar el artícuño VIII del tratado de extradicion propuesto en la nota del 4 de abril de 2019.