¡Se destapa el tamal de los testigos protegidos!

La organización criminal que distorsionó la justicia en Panamá durante el gobierno de Juan Carlos Varela y que aún sigue activa a lo interno del Ministerio Público (MP), no solo quedó expuesta por las declaraciones de Abraham Williams, o el testigo protegido “Euro 14”, ante la jueza Agueda Rentería Sánchez, sino que hay documentación oficial que también lo prueba.

Trámites de la Presidencia de la República y facturas presentadas por el abogado Rogelio Saltarín (q.e.p.d.) confirman cómo se crearon desde la clandestinidad testigos protegidos para levantar expedientes, todo bajo la supervisión de la exprocuradora Kenia Porcell y los exdirectivos del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López y su asistente, Jacinto Gómez.

La estructura expuesta, también incluye a los fiscales Zuleyka Moore, Nathaniel Murgas, Adecio Mojica, Vielka Broce, Tania Sterling, Ruth Morcillo, Aurelio Vázquez y al exdirector del SPI, Eric Estrada, entre otros.

Documentación oficial entregada por Saltarín al exministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, la cual cuenta con 55 páginas, revela cómo se instruyeron sumarias para crear testigos protegidos y acusar a miembros del gobierno de Martinelli.

Específicamente se dejó de manifiesto la coordinación de presentación de testigos protegidos para el caso del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y el de la Dirección General de Ingresos (DGI).

La exministra de Educación, Lucy Molinar, consideró que consentir una injusticia, porque se trata de un enemigo, deja la puerta abierta a las que siguen. "Sorprende el silencio frente a las declaraciones del antes popular Euro 14", añadió Molinar en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la exprimera dama, Marta Linares de Martinelli, indicó que el mismo testigo protegido, confesó cómo fue presionado, pero todos guardan silencio.

“Euro 14” dijo en su declaración del pasado lunes ante la juez, que muchos guardaron silencio por temor ante los estamentos de seguridad que sembraban armas para abrir investigaciones y hasta torturaban a las personas detenidas.

Incluso imponían a los detenidos a qué abogados tenían que contratar y a quiénes tenían que acusar.

Otro que reaccionó a este tema, fue el exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, quien expresó que si nada pasa en el Ministerio Público respecto de esos fiscales reiterados en tropelías, es que el exmandatario Juan Carlos Varela sigue mandando y su “red criminal” está intacta.

Por su parte, la abogada Edna Ramos, manifestó que siete años después, un testigo confirma la verdad.

“Espero que la Procuraduría General de la Nación pida la reapertura del sumario del expediente 1434-17 del Juzgado Tercero de Circuito Penal”, puntualizó la jurista.

Ante las revelaciones hechas por el testigo “Euro 14”, la abogada Dinoska Montalvo, defensora del exministro Frank De Lima, le hizo un llamado al procurador Javier Caraballo, para que sepa quiénes son las personas que tiene manejando estos casos.

Agregó que el Ministerio Público (MP) es una institución que sí tiene la capacidad para destruir pruebas, información que está dentro de los expedientes, sacar de contextos las declaraciones y hacer a muchas personas esperar largos años para poder demostrar su inocencia.

“El procurador Caraballo debe tomar decisiones radicales ya, porque estas personas no pueden mantenerse dentro del Ministerio Público, después de todo lo que ha salido”, enfatizó la abogada defensora de Frank de Lima.

Montalvo añadió que muchos de los abogados presentes en la audiencia solicitaron a la jueza Rentería que compulsara copia de lo manifestado por el testigo protegido en la audiencia del caso de Granos a Caraballo, esto para que investigara este caso.

La jurista señaló que muchos de los fiscales presentes en la audiencia se molestaron, cuando los abogados defensores indicaron que entre los años 2014 y 2019, en el Ministerio Público lo que hubo fue un “terrorismo judicial”.

“No se puede llamar de otra manera lo que ellos hicieron, cómo tú prometes, cómo tú coaccionas a una persona para que él señale y la mayoría de esas personas han quedado involucradas en estos procesos, porque precisamente ellos le arrancaron esos nombres a cambio de no vincularlos al proceso, a una investigación para no tenerlos subiendo y bajando escaleras, esto es justicia, esta es la justicia de la que tanto se jactaban”, cuestionó la defensora.

Montalvo también se refirió a que los acuerdos de pena que se firmaron durante este proceso deben ser revisados con lupa.