Tribunal admite querella contra Ledezma; rechaza la de Farah Diva Urrutia

Rolando “Picuiro” López continúa con su saña contra el exmnadatario Ricardo Martinelli, en medio del proceso armado en su contra de los supuestos pinchazos telefónicos.

Esta vez el abogado Carlos Carrillo en medio de la audiencia de afectación de derechos, realizada en horas de la mañana, expuso que “Picuiro” esta violentando el derecho a la defensa que tiene Martinelli en medio del proceso, al no aceptarle las boletas de citación para siete personas que trabajaban en el Consejo Nacional de Seguridad y mo indicarle por escrito el porqué no aceptó tales boletas.

Carrillo, manifestó que llevaron al CNS las boletas con una nota para que los testigos comparecieran para una entrevista, pero las mismas fueron devueltas por un funcionario de nombre “Luis” asistente del director ejecutivo del CNS, quien no quiso explicar el porqué devolvió las boletas sin ninguna nota por escrito aclarando lo ocurrido, así como resaltando que las personas no trabajaban allí.

Acción que fue calificada por Carrillo como una violación administrativa, toda vez que es responsabilidad del Secretario del CNS brindar las información concreta del personal que esta bajo su jurisdicción y si ya no están indicar donde pueden ser ubicados, para que comparescan ante el Juicio Oral que se tiene programado para el 12 de marzo.

El defensor de Martinelli, expresó que Rolando López, dijo que solo aceptaría las boletas del Ministerio Público, lo que es considerado como una desventaja procesal, toda vez que ambos tienen testigos en comunes que fueron admitidos en la fase intermedia y que hasta ese momento tenían como dirección de trabajo el Consejo Nacional de Seguridad.

“ Recibimos por información informal, que solo se estaban atendiendo las solicitudes de la Fiscalía, por esta situación exigimos al Rolando López, para que nos de respuesta a nuestas peticiones” resaltó Carrillo.

El defensor quien un poco molesto destacó que es el Tribunal de Garantías, quien debe tutelar el derecho a defensa, adicional a ello pidió que los querellantes sean respetuosos y no se den ataques personales, tal cual se hizo, donde sacaron a colación temas que no estban siendo discutiendo en la audiencia, que motivó al Juez a llamarle la atención al abogado Nicomedes Castillo, por hablar lo que no era.

“Basta que de forma unilateral se esten haciendo expresiones utilizando la transmisión de esta audiencia pública de este evento, para denigrar a personas en su ejercio profesional” resaltó Carrillo quien además recalcó que están utilizando el foro para afectar el derecho a la defensa de Ricardo Matinelli.

Al respecto La Fiscalía, indicó que ellos no tienen nada que ver en el accionar del Consejo, que las partes acordaron enviar por sus partes las boletas de citación para cada uno de los testigos.

Ante lo expuesto por los intervinientes, el Juez de garantías Francisco Carpintero, dio por aceptada la solicitud del abogado Carlos Carrillo y ordenó que Rolando López brindara de inmediato la información por escrito que solicita la parte defensora del expresidente, para ubicar a los testigos que ellos citaron.

Carrillo hace el llamado para que la Procuraduría de la Administración sancione los actos administrativos de Alejando López, al considerarlo una falta de respeto por impedir el derecho de defensa de Ricardo Martinelli, retrasando el proceso de entrevista a los testigos.

Por su parte la abogada Jessica Canto, quien expuso la otra afectación de derecho en base al estado de salud del expresidente, con padecimientos de crisis hipertensiva, prostatismo y cardiopatía, solicitó al Juez de Garantías que se enviara los informes médicos del exmandatario a fin de actualizar su estatus de salud mediante el Instituto de Medina Legal y Ciencias Forenses.

Cantó quien denucnió que Martinelli ha sido sometido a tortura, destacó que necesita una actualización del informe por parte de un médico legal, a fin de determinar el riesgo en el estado de salud que padece el exmandatario tras su encierro.

La defensora en reiteradas ocasiones ha solicitado al director de la penitenciaría que se le dé el permiso de hacerle los exámenes, pero que no se le fue posible, toda vez que había órdenes de por medio para que no recibiera tal atención.

Ante esto la abogada Canto presentó una serie de documentos e informes para que fueran sometidos ante el Tribunal y se diera su autorización para ser llevados al IMELCF.

Tras lo expuesto por la defensora, La Fiscalía y los abogados querellantes, quienes decidieron hablar todos y repitiendo los mismos argumentos, se oponían a que la documento fuera enviado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense, indicando que ya Martinelli estaba recibiendo atención médica oportuna.

Al respecto el Juez de Garantías, empezó con la deliberación y admitió lo peticionado por la abogada Canto, resaltando que los informes médicos con fecha del 26 de enero de 2019 y 1 de febrero de 2019, fueran enviados a medicina legal para su revisión.

Por lo que ordenó al Ministerio Público en hacer las solicitudes respectivas para que se haga la revisión de los informes.

En tanto el Abogado Alejando Pérez, hizo una denuncia, donde reiteró que, tras la admisión de las solicitudes de los abogados, y la orden que emitió el Tribunal contra “Picuiro”, el día de hoy se le podría estar allanando la casa cárcel del exmandatario Martinelli.

“El señor Martinelli no teme en que se le allane la casa, sino que teme a que se le implanten evidencias en el lugar para perjudicarlo” destacó Pérez.

Por su parte Marta de Martinelli, hizo énfasis en que tras un examen médico a Ricardo se le detectó que el mismo había sufrido un infarto aquí en Panamá, y que producto de eso, la fiscalía y los abogados no querían que Medicina Legal lo revisara.

CASO PLANELLS, LEDEZMA Y URRUTIA

La tarde se llevaron acabo tres audiencias solicitadas pro los abogados de Ricardo Martinelli, para que el Ministerio Público abra las investigaciones contra Mariela Ledezma Y Annette Planells, por los supuestos delito de Calumnia e injuria.

Aunque se hicieron actos de audiencia diferentes, la abogada Alma Cortés, en representación de Ricardo Martinelli, explicó los mismos argumentos en ambos casos, ya que el Fiscal había tomado una decisión propia de no admitir la querella, sin tomar en cuenta los elementos presentados, ni una investigación previa.

La Fiscalía solo se basó en elementos de forma de la querella que hacían falta y a raíz de eso determinó que no había delitos, por tal razón dio por no admitida la querella contra las dos mujeres que han escrito en twitter y han dado declaraciones en medios que supuestamente atentan contra la integridad del exmandatario.

Alma Cortés destacó que los Fiscales están actuando como defensores de las dos personas querelladas y no como garante de los derechos de Ricardo Martinelli, quien ha sido calumniado e injuriado a través de los medios de comunicación y redes sociales, haciéndose declaraciones directas en contra del expresidente.

Ante estas explicaciones la Juez de Garantías, Carolina Santamaría, indicó que la defensa de Ricardo Martinelli tiene cinco días para corregir el documento de querella y presentarlo al Ministerio Público para que se realice una investigación y posteriormente determine sí admite la querella contra Ledezma y Planells.

En tanto contra Farah Urrutia, la abogada Cortés destacó que la querella contra ella debió admitirse, porque en medio del proceso de extradición del exmandatario se le violaron los derechos humanos y ella fue la responsable.

Pero según la fiscal Zuleyka Moore, Urrutia no tuvo nada que ver en el proceso de extradición, solo actuó como coordinadora, por lo que en las investigaciones preliminares hechas no la determinaron como responsable.

Al momento de deliberar, la juez Santamaria, le preguntó a la Fiscal que sí la señora a Urrutia no era la responsable, las investigaciones a quien arrojaron como el causante de los supuestos delitos de violación, a lo que Moore respondió que nadie más resultó responsable.

Ante los alegatos de ambas partes, la juez determinó que, de haber una investigación previa del proceso, y al no considerarse delito, dio por mantener la posición del Ministerio Público en no admitir la querella, pero sí mantiene abierto el archivo del caso por sí existe un responsable se continúen las nuevas investigaciones contra esa persona.