Vuelven las protestas por abusos en albergues

Manifestantes protestaron ayer en la capital de Panamá para exigir a las autoridades "respuestas" y evitar la impunidad en el caso de los abusos sexuales y maltratos a menores en albergues que ha conmocionado al país.

"Estamos protestando porque ni nos han dado respuesta, ni a ellos (los niños) se les ha dado tratamiento psicológico; también hicimos llegar al Senniaf una petición con solamente cuatro puntos hace 20 días y no han respondido", dijo a Efe José Isaac González, fundador de la plataforma social "Sal de las redes".

La protesta en la que participaron varias decenas de personas se desarrolló pacíficamente en las inmediaciones de la sede de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia (Senniaf), la institución estatal que está en el ojo del huracán por ser la responsable de la supervisión de los albergues de menores en Panamá.

En su petición, "Sal de las redes" planteó la creación de un comité de expertos en derechos humanos y de salud para brindar mejor atención a los menores.

También que el Ministerio de Salud cree un departamento especial para gestionar los informes de las supuestas víctimas de abusos en los albergues, y que el Ministerio de Economía haga pública las partidas presupuestarias que necesita la secretaría.

Pero no han obtenido respuesta, según González, y sentenció: "Seguiremos y continuaremos en las calles".

Los manifestantes, en su mayoría jóvenes estudiantes, cerraron uno de los carriles de la avenida Balboa, una de las más importantes de la capital, obstaculizando el tráfico mientras entonaban cánticos y alzaban banderas.

Una subcomisión parlamentaria presentó a inicios de febrero pasado un informe que detalla que desde 2015 decenas de menores fueron abusados sexualmente y maltratados física y psicológicamente en 14 albergues en los que se acoge a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Hay testimonios de las supuestas víctimas de violación, según las cuales fueron atacadas por "religiosos" o cuidadores, y que incluso les hicieron abortar, como dijo a Efe la diputada Zulay Rodríguez.

Desde hace semanas, las autoridades no han ofrecido nuevas informaciones sobre este escándalo, que recibe "un manejo político" opinó la diputada Walkiria Chandler, quien en declaraciones a Efe acusó a la Fiscalía de estar evadiendo a los involucrados "de alto perfil".

Por este caso ya renunció Eduardo Ulloa como fiscal general y Mayra Silvera como directora de la Senniaf, un cargo que había asumido este mismo año.