¡Zaz, bien doblada! Ferrocarril les sale gratis y para colmo le debemos al concesionario
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El Ministerio Público iniciará una investigación respecto a la renovación del contrato para operar el Ferrocarril de Panamá no solo fue renovado en secreto, sino que el Estado debió pagar a la compañía concesionaria alquiler por un viejo inmueble en Curundú que pertenecía a las Aduanas por 25 años y luego se traspasó al operador Panamá Canal Railway Company.
La denuncia la interpuso el diputado por Vamos, Eduardo Gaitán y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) anunció su total disposición para colaborar en las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción.
Más de 19 meses después de haber vencido el contrato de concesión de 25 años otorgado a Panamá Canal Railway Company, se supo que le fue renovado por otros 25 años.
La extensión la hizo el 9 de febrero de 2023 la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) del gobierno de Laurentino Cortizo en completo silencio y no fue hasta el 18 de septiembre de este año -con la nueva administración gubernamental- que se promulgó la resolución en Gaceta Oficial.
Se trata del Contrato-Ley 15 del 17 de Febrero de 1998, firmado por el entonces ministro de Comercio, Raúl "Beby Arango. El proyecto es operado en conjunto por las empresas norteamericanas Kansas City Southern y Mi-Jack Products.
Ahora la compañía promete invertir $30 millones y alega que ya ha invertido $163.4 millones y pagado al Estado $55.1 millones por sus entradas brutas.
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Hace poco, el exprecandidato presidencial y exdirigente de la Federación de Estudiantes de Panamá, José Dídimo Escobar, recordó que ese contrato benefició a una empresa y a un número reducido de privilegiados panameños que han medrado perversamente con la lucha del pueblo panameño durante 25 años de concesión del ferrocarril.
La investigación sería contra la junta directiva de la AMP que lideraba Noriel Araúz y la integraban varios ministros y representantes de los sectores navieros y logístico.
Pero el contrato para operar el Ferrocarril de Panamá no solo fue renovado en secreto, sino que el Estado debió pagar a la compañía concesionaria alquiler por un viejo inmueble en Curundú que pertenecía a las Aduanas por 25 años y luego se traspasó al operador Panamá Canal Railway Company.
Los detalles de ese escándalo lo reveló la directora de Aduanas, Zoraya Valdivieso, cuando compareció a la Comisión de Credenciales para sustentar un crédito por 3 millones 501,82o dólares para pagar el alquiler del local del año 2020 al 2021 a razón de $764 mil por año.
En el viejo local de Aduanas hay meramente equipo de descarte y hasta hay que asignar entre 8 y 10 funcionarios para vigilar.
Pero además el Metro de Panamá arrienda tres lotes en Curundú -anteriormente estatales- a Panamá Canal Railway con un pago anual de un millón 463,919 dólares.
El diputado de Vamos, Augusto Palacios dijo que eso es un atraco, porque la compañía apenas pagó $2.2 millones al Estado por año, si no que nos alquila por un local que antes pertenecía a Aduanas.
Palacios detalló que Panamá Canal Railway Company aportaba al Estado $2.2 millones al año, pero a la vez nos cobraba $764 mil por un local que antes era estatal, eso es indignante. Ahora hay que sumarle el alquiler al Metro, lo que suma $2,227,919.
Al final, la empresa que opera el Ferrocarril le estaría saliendo gratis la concesión y más bien el Estado debe pagarle $27,919 anuales, cuando se resta lo que debe pagar y los alquileres que cobra.
