Cigarrillos electrónicos: del debate ideológico al debate científico en Panamá

La evidencia científica es sustentable y sostenida. El Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE.UU., considera que los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, ofrecen una alternativa potencialmente menos dañina para los fumadores adultos individuales que todavía desean tener acceso a niveles satisfactorios de nicotina sin muchos de los efectos nocivos que conlleva la combustión del tabaco.
La FDA también destaca que solamente un 7.5% de los fumadores que intentan dejar el cigarrillo combustible logran la cesación, por lo que se hace necesario brindarle a ese 92.5% de fumadores que continuarán fumando una alternativa de menor riesgo.
Por su parte, la Oficina Regional de Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su documento titulado: Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina y Sin Nicotina, publicado en 2020, concluye que las personas fumadoras adultas, que cambien completamente de cigarrillos combustibles a usar Sistemas Electrónicos de Nicotina y Sin Nicotina no adulterados y apropiadamente regulados, de forma exclusiva, pueden reducir sus riesgos de salud. Esta conclusión es respaldada por la Guía Básica de la Regulación de Productos de Tabaco emitida por la Organización Mundial de la Salud en Ginebra en 2018.
Sustentado en esto y otras evidencias, el diputado Edwin Zúñiga presentó el Anteproyecto de  Ley 209 "Que regula el uso, comercialización, publicidad, contenido, calidad y seguridad de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, productos de tabaco calentado y sistemas similares sin nicotina en la República de Panamá y sus respectivos consumibles, componentes, repuestos, o recargas".
La primera interrogante que nos salta es: ¿qué más sustento e información necesitan los diputados para discutir y aprobar esta iniciativa?
Cuentan con todas las facilidades para documentarse, investigar, además tienen acceso para conversar con expertos e investigadores independientes con el fin de aclarar cualquier duda o interrogante sobre el tema de los cigarrillos electrónicos para que se le dé el debido debate científico.
Es reprochable que aún con la existencia de evidencia científica respaldando los cigarrillos electrónicos, vaporizadores y productos de tabaco calentado como herramientas para la reducción de daño producido por el tabaquismo, no se apoye una legislación que tiene como objetivo principal darles a los fumadores adultos actuales una alternativa sin humo y de menor riesgo, como lo es el Anteproyecto 209.
Resulta sumamente contradictorio que si contamos con una opción para reducir los efectos negativos del humo del tabaco no la utilicemos.
Se están dejando desprotegidos a los consumidores o usuarios de este tipo de productos, toda vez que la entidad regente de la Salud no ejerce ningún tipo de supervisión con relación al contenido, calidad o seguridad de los equipos, componentes, consumibles o líquidos de vapeo que se consumen en el país.
Esto teniendo en cuenta que pese a que en Panamá está prohibida la comercialización del cigarrillo electrónico y sus consumibles desde hace aproximadamente siete años, estos productos son adquiridos en el extranjero donde su comercialización no está prohibida, o bien son adquiridos de forma irregular en el mercado negro.
Es decir, la prohibición que actualmente existe sobre estos productos promueve el comercio ilícito de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, productos de tabaco calentado y por ende el blanqueo de capitales, la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo y otras actividades delictivas que ponen en riesgo la seguridad nacional y regional. Esto genera un 100 % de contrabando de cigarrillos electrónicos.
Para nadie, incluyendo para las autoridades al más alto nivel no es un secreto que en los últimos años el comercio ilícito de cigarrillos combustibles en Panamá acapara el 80% del mercado total o 55 millones de cajetillas anuales.  Esto significa que de cada 100 cigarrillos que se fuman en Panamá, 80 provienen del mercado negro, lo que representa alrededor de 165 millones de dólares anuales en lavado de dinero, tomando en cuenta que cada cajetilla ilícita es comercializada a un precio aproximado de 3 dólares.
Además de esto, es muy importante que los diputados tengan presente que anualmente unos 8 millones de fumadores mueren a nivel mundial, sumados a los 1.5 millones de fumadores pasivos que también fallecen por su contacto indirecto con el humo de los cigarrillos de combustión.  Un gran número de estas muertes pudieran evitarse si se implementara una política de reducción de daño por tabaquismo, con herramientas como los cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado como han hecho en el Reino Unido, Nueva Zelanda, Alemania, Noruega, entre otros países de altos estándares de vigilancia sanitaria.

Frente a esta realidad, resulta apremiante y necesario que los diputados discutan y aprueben el Anteproyecto 209, de manera que se fortalezcan los esfuerzos para continuar disuadiendo a las personas de empezar a fumar y promoviendo la cesación de las personas que actualmente fuman, a través de una legislación en sincronía con las tecnologías existentes.