Despidos masivos: dinamita social

En la etapa actual de desarrollo de la Pandemia en nuestro país, el Gobierno anuncio la programación de la reapertura de las actividades económicas de forma escalonada y que ellos denominan Bloques condicionados al cumplimento de protocolos y requisitos de bioseguridad para garantizar que las actividades se desarrollen sin el riesgo de que se produzca una especie de rebrote de contagios. Si bien es cierto, existe una obligación del Gobierno de garantizar el funcionamiento del país, también es cierto que no se le está diciendo a la población la verdad sobre las repercusiones de la crisis en áreas específicas como lo son el sector laboral y económico.

Contrario al manejo transparente de estas repercusiones, el gobierno optó por la conformación de una mesa técnica laboral para el análisis y estudio de las medidas para la protección de la actividad, una vez devuelta a la normalidad. Esta mesa ni es técnica y lo único laboral que tiene es unos cuantos dirigentes sindicales, sentados de manera virtual para elucubrar y enredarse en discursos kilométricos con la misma retórica de siempre como si se tratase de una mesa para la fijación del salario mínimo, que siempre terminan igual.

Producto de la crisis, la O.I.T. estima que el desempleo en nuestro país estará entre un 8 y 11%, al finalizar el año 2020 y el Ministerio de Trabajo proyecta alrededor de 180 mil a 200 mil contratos suspendidos, una vez de reabran la totalidad de las empresas. Sin embargo, aun cuando es justo reconocer que hay un impacto real de la crisis en el empleo y que muchas empresas confrontan problemas para mantener su operatividad, es innegable que ya se observa una tendencia empresarial de adoptar la medida del despido de sus trabajadores como una fórmula de subsistencia empresarial. Lo peligroso de esta estrategia es que por cada trabajador que se despida se afecta mínimamente de 4 a 6 personas de forma directa y eso traducido socialmente es una forma de DINAMITAR LA SOCIEDAD. Claro, si a esto le sumamos las afectaciones indirectas del despido, es decir, la falta de pago de las obligaciones básicas, que a diciembre serán 5 veces mayores, producto de la ilusión mediática del Gobierno, las pedidas de bienes, la dificultad de sufragar los costos de salud, educación y alimentación de los hijos y de la familia, entonces es casi seguro que la mecha esta peligrosamente corta y será cuestión de tiempo para que se encienda.

Categóricamente, afirmamos y así lo demuestran las estadísticas actuales, así como las proyecciones actuariales serias y profesionales del país, que la tasa de incremento de hechos de inseguridad y de delincuencia va a aumentar en entre un 4 a 6 % producto de los porcentajes de los despidos proyectados. Dentro de esa tasa se estima que los delitos contra el patrimonio serán los de mayor incidencia ya que ahora, si se hará realidad el axioma social de que “se va a tener que robar para vivir”.

Dentro de este panorama tétrico y sumamente preocupante, nos preguntamos si de verdad las empresas no tienen otra alternativa que no sea el despido, para sacar a flote la misma y proteger la fuente de empleo. Creo sinceramente, que esa sería la salida fácil, ya que antes de llegar a esta medida extrema, el Código Laboral permite que se adopten otras que tienen que ver con la reducción de la jornada laboral, la flexibilización de la misma, la combinación de fórmulas de pagar el salario, la innovación y readecuación de las actividades de manera provisional, la negociación de los términos de las convenciones colectivas , en fin una gama de acciones para evitar el trauma del despido, pero todo parece indicar que la gran mayoría de los empresarios ya han coincidido en que esta es la oportunidad para masificar los despidos en base a los efectos del COVID-19 y así no pagarle las prestaciones a sus trabajadores en base a un protocolo post-pandemia, que contemplaría una nueva fórmula y metodología para cubrir las indemnizaciones ya sea por despidos o los famosos mutuos acuerdos.

Ante esta gravísima y explosiva situación, le hago un llamado al Gobierno Nacional y al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, para EVITAR que la Sociedad colapse post-Pandemia y adopten medidas Constitucionales específicamente lo establecido en los artículos 64 y 74, respectivamente, ya que este es el momento para que el Estado elabore políticas económicas para asegurar a todo trabajador las condiciones necesarias a una existencia decorosa y además porque no se puede elevar el COVID-19 como una nueva causa de despido adicionales a las establecidas en artículo 212 del Código de Trabajo. Finalmente, al sector empresarial les recuerdo que, si piensan que los despidos masivos que tienen la intención de ejecutar, les va a resolver el problema económico y de productividad, están muy equivocados porque una sociedad DINAMITADA y EXPLOSIVA puede arrasar con buenos y malos empresarios haciendo ingobernable el país. ¿Y si esto ocurre quien gana y quienes pierden? Estamos a tiempo de evitar otra crisis peor que el COVID-19.