Legalidad y credibilidad

Dentro de los procesos penales que se surten en las esferas del Ministerio Público, resaltan los comentarios de diversos sectores ciudadanos que hablan de "justicia selectiva", basada en el tratamiento diverso que reciben los imputados, en función de su filiación política.

Nadie duda de que en función del actual sistema de instrucción sumarial les corresponde a las fiscalías y personerías darles trámite a las denuncias y querellas que se presentan, ya que por ley están llamadas a esa función, empero no se puede pasar por alto que junto a este rol definido en la Constitución y la ley, hay aparejada una situación de credibilidad en la actuación del funcionario investigador.

Para el panameño de a pie surge la interrogante sobre la detención preventiva que pesa sobre algunos imputados -casi todos exfuncionarios del régimen anterior- mientras que les dan casa por cárcel a allegados del partido en el poder.

En esta balanza, de legalidad y legitimidad para investigar, que tiene el Ministerio Público por un lado y la credibilidad sobre el carácter objetivo de esta investigación por el otro, es que se debate la opinión pública, la que indudablemente está dividida en este tema.

Es por eso que, respetando hasta donde sea posible la reserva del sumario, la Procuraduría debe explicar al país los fundamentos de tal o cual medida cautelar, ya que ellos no actúan a espaldas de la sociedad, al contrario, se deben a la sociedad panameña.

Solo así podrá la sociedad entender el a veces inentendible trabajo de los fiscales que cuando ordenan detención, también afectan el entorno familiar y social del imputado.