11 imputados tras operación ‘Harry’

El juez de Garantías, Adrián José Hernández, decretó la medida cautelar personal de detención provisional a ocho ciudadanos por la posible comisión de los delitos de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, y a un ciudadano imputado por el delito contra el orden económico (blanqueo de capitales).

Mientras que a una ciudadana se le aplicó la medida cautelar personal de reporte periódico ante el Ministerio Público y la prohibición de salida del país, y a otros dos ciudadanos se les impuso la medida cautelar personal de retención domiciliaria.

La audiencia se inició a las 2:00 de la tarde del viernes 8 de abril y concluyó a las 9:00 de la noche de este lunes 11 de abril del 2022.

El juez de Garantías, luego de escuchar los argumentos de los intervinientes, fundamentó su decisión de aplicar la medida de restricción de la libertad por ser necesaria y proporcional, aunado al riesgo procesal de peligro para la comunidad por la naturaleza del hecho.

Previamente, el juez de Garantías legalizó cuatro actos de investigación posterior, dos operaciones de vigilancia y seguimiento, y la aprehensión de estos 11 ciudadanos. También se legalizó una diligencia de extracción y fijación de imagen y se declaró ilegal un allanamiento excepcional.

En este acto de audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Joseph Díaz Calderón y la fiscal Katherine Gil. Los imputados estuvieron representados por defensores técnicos particulares, quienes anunciaron recursos de apelación contra las medidas cautelares impuestas por el juez de Garantías. La audiencia quedó programada para el 27 de abril del presente año, a las 8:30 de la mañana, ante el Tribunal Superior de Apelaciones.

Este caso guarda relación con diversas investigaciones que se iniciaron el 3 de septiembre de 2018, cuando el Ministerio Público, en conjunto con los estamentos de seguridad del Estado, dieron marcha a la operación denominada “Harry”, para desarticular a un grupo criminal dedicado al tráfico internacional de drogas a través de los puertos de Panamá y Colón.

El “modus operandi” de la agrupación criminal eran las reuniones y comunicaciones telefónicas para coordinar toda la logística previa a las actividades ilícitas, además de la utilización de diferentes empresas bajo la figura de sociedades anónimas con razón comercial de transporte de carga facilitando así el ingreso de droga procedente de Colombia a través de vehículos de doble fondo y con la contaminación de contenedores en diferentes puertos para el envío a destinos como; Europa, América del Sur, Asía y otros.

Al grupo criminal se le relaciona a diferentes eventos de incautaciones de sustancias ilícitas destacándose la del 27 de septiembre de 2018, donde se decomisó 90 paquetes de cocaína en un puerto del distrito de Arraiján cuyo contenedor tenía como destino Taiwán.

En el segundo evento se decomisó 601 paquetes de cocaína incautados en un doble fondo de un vehículo articulado en el corregimiento de Veracruz, el 18 de enero de 2019 y el decomiso de 1,289 paquetes de cocaína el 16 de marzo de 2019, en el sector de La Candelaria, corregimiento de Río Grande, distrito de Penonomé.

El tercer evento se decomisó 154 paquetes de sustancia ilícita en una camioneta en el corregimiento de San Juan, provincia de Colón el 3 de mayo de 2021.

El cuarto evento ocurrió el 15 de enero de 2022, donde se logró decomisar 550 paquetes de cocaína, en un puerto ubicado en el corregimiento de Veracruz.

Estas actividades ilícitas le generaban dinero a este grupo criminal por el cobro de custodia, seguridad, logística, transporte de las sustancias ilícitas, dinero que mediante personas allegadas, facilitadores y familiares es colocado en el sistema financiero mediante la creación de sociedades anónimas que son creadas y utilizadas con el fin de encubrir e integrar el dinero de origen ilícito.