Declaran causa compleja proceso por tráfico de armas

Panamá.  El juez de Garantías, Eric González, se autorizó la aplicación de procedimiento para asuntos complejo para esta causa penal y sus correspodientes efectos, entre los cuales esta, la extensión del plazo a 6 meses más para continuar con la investigación contra nueve personas, algunos exfuncionarios de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP) del Ministerio de Seguridad Pública, por los delitos contra la seguridad colectiva (tráfico y posesión de armas y explosivos) y contra la fe pública (falsificación de documentos públicos), en perjuicio de la sociedad.

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El juez González, luego de escuchar a las partes, decretó lo peticionado por el Ministerio Público, en base a que los nueve procesados cuentan con medidas distintas a la detención provisional, además que no se atenta con el tiempo razonable de investigación y se ha justificado la necesidad del tiempo adicional para esclarecer y determinar la posible participación de los imputados en el hecho.

En la audiencia, el fiscal David Mendoza, de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada, solicitó elevar a causa compleja este caso, en base a lo que establece el artículo 502 del Código Procesal Penal, donde puntualizó la pluralidad de los imputados, la gravedad de los delitos y la cantidad innumerables de víctimas (sociedad panameña), y porque faltan otras personas por vincular.

El fiscal, quien narró los antecedentes del caso, dio a conocer que la investigación inició de manera oficiosa, al recibir información sobre una persona que había ingresado al país, un total de 100 armas de fuego provenientes de los Estados Unidos, que se le expidió permiso y fueron legalizadas, alterando fechas y pruebas de balística, pese a que en Panamá existe un veda de importación de armas desde el año 2010.

Mendoza, también recalcó que por este caso ya se han hecho múltiples entrevistas, diligencias de allanamientos, y algunas personas que compraron de estas armas, las entregaron voluntariamente. Sin embargo, falta realizar algunas diligencias internacionales y otros análisis de datos.

Además, señaló que una de estas armas fue vinculada con un hecho delictivo recientemente.

Ante esta petición, los abogados Javier Quintero, Osvaldo Saldaña, Carlos Enrique Córdoba, Temístocles Alemán, Leysa Garcia, Patricio Villareal y Hermes Quintero, se opusieron a la solicitud del Ministerio Público, señalando entre otras cosas, que ya la investigación se encuentra bastante adelantada, ya que inició en el 2017 y se atenta contra el estado de inocencia de los imputados.

Sin embargo, la abogada Idalia Martínez, solicitó lo contrario, con la finalidad de que se esclarezcan los hechos y más aún, cuando su representado fue recientemente imputado, y hasta la fecha no ha podido conocer a profundidad la carpeta, que cuenta con más de 50 tomos.

Ante lo decretado por el juez, miembros de la defensa apelaron, en base a lo que establecen los artículos 168 y 169, numeral 8 del Código Procesal Penal, pero fue desestimado por improcedente.

Cabe destacar, que al inicio de la audiencia, luego de escuchar un recurso de reconsideración, el juez dejo sin efecto la multa impuesta a la abogada Idalia Martínez, quien había sido sancionada con un total de B/. 300.00 dólares, por no asistir al acto de audiencia del pasado 3 de octubre, pero sustentó el motivo de su ausencia.

Yuk- Tong recibía un trato preferencial en la DIASP al momento de realizar el trámite de los permisos de porte o tenencia, sin cumplir con lo requisitos requeridos para la introducción de armas. El ciudadano asiático reiteró que las armas que introdujo fue de manera legal. Y.M pic.twitter.com/0PpdLdt6Xi

— Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) 9 de octubre de 2018