Legalizan incautación de datos por indemnizaciones fraudulentas

Panamá- En el Sistema Penal Acusatorio de Santiago (SPA), se llevó a cabo, la tarde del miércoles la audiencia de legalización de incautación de datos en el caso de las indemnizaciones fraudulentas pagadas a productores de arroz en la provincia de Veraguas y otras.

Iván Castillo, abogado litigante, dijo que en el caso que investiga el Ministerio Público están apareciendo personas que se supone cobraron las indemnizaciones y que no eran productores, otros que eran parejas o familias y hasta políticos reconocidos de la provincia de Veraguas.

El abogado Castillo, dijo a este medio que este miércoles se realizó la audiencia especial en el (SPA) de legalización de incautación de datos, donde funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), entregaron ante el juez de garantías una de las posibles pruebas como lo es teléfono móvil de una funcionaria que probablemente contenga elementos importantes para la vinculación de los hechos que se investigan.

Castillo, explicó además que la lista es cada vez más larga, donde también aparecen personas involucradas que son políticos, las que también deben ser investigadas, puesto que se presume cobraron indemnizaciones, por lo que se hacen los trámites para el levantamiento del fuero electoral.

El abogado litigante, dijo que una serie de documentos falsificados que fueron entregados y se busca la vinculación de los sospechosos en el delito y que el proceso ya podría estar por determinar quienes son los responsables de lo que sucedió.

Sostuvo que por el momento son 32 las personas involucradas, entre estas hay parejas de esposos las que tendrán que responder a las autoridades, tras recibir fuertes sumas de dinero del erario nacional, sin sembrar arroz.

Según Castillo, para las personas que están en la política se le está pidiendo al Tribunal Electoral que los despoje del fuero electoral para poder investigarlas.

Este medio intento de obtener información de parte de los asesores legales del Mida, sin embargo, el abogado Fernando Simons, dijo que no estaban autorizados para ello, debido a las investigaciones que se están haciendo para no viciarlo.

Se logró conocer que los funcionarios del Mida, están cooperando con el Ministerio Público, para esclarecer los hechos donde se ha dicho que la lesión patrimonial al erario público podría pasar de los 12 millones de dólares.