Medida cautelar para neurocirujanos

Tras una audiencia de garantías, se legalizó la aprehensión de los neurocirujanos Walter Kravcio y Javier Alvarado, por presunta estafa en la sobrefacturación de servicios médicos a veteranos militares de EEUU, que habrían causado supuestos perjuicios por 1 millón 44,921.20 dólares. Se investiga el uso de facturas de un hospital en los 4 Altos de Colón,

La jueza de garantías de Panamá, Marisol Ortiz, decretó la medida cautelar de retención domiciliaria, disposición laboral en la provincia de Panamá y Colón y prohibición de salida del país, a dos imputados por la presunta comisión de blanqueo de capitales y por estafa simple y estafa agravada.

Los médicos podrán realizar sus labores médicas en horario de 6:00 a.m. a 5:00 p.m.

Previamente, la juzgadora legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación de cargos a los dos médicos y a cuatro personas jurídicas por parte del Ministerio Público. Mientras que a una ciudadana: una abogada esposa de uno de los médicos, no se les dio por presentada la formal imputación, pero se legalizó la aprehensión, aunque no se le aplicó ninguna medida cautelar.

Los defensores al igual que el Ministerio Público anunciaron recurso de apelación contra la medida cautelar y la audiencia quedó programada para el 21 de agosto,ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.

Este caso guarda relación con diversas investigaciones que iniciaron el mes de enero del año en curso, luego de que la firma de abogados Almengor, Caballero y Asociados, presentara una querella en representación del Gobierno de Estados Unidos por irregularidades en el programa de atención médica de veteranos de guerra residentes en Panamá.

La investigación ya consta de 28 tomos por hechos que se dieron entre 2016 al 2021, con atenciones médicas y otros procedimientos en Panamá a un grupo de veteranos militares del Departamento de Asuntos Veteranos (DAV) a través del Programa Médico Extranjero (PME), gestionando una serie de reclamos y utilizando diversos esquemas entre ellos, supuestos cobros por servicios o productos duplicados o innecesarios a través de facturaciones médicas y reclamaciones falsas.

Según la fiscalía se hicieron cobros hasta por citas médicas a personas fallecidas.

Se utilizaron los Bancos General y BCT. Se mencionan las empresas Paincare Inc. Hemodinámica de Colón, Neurophys Inc y Neuro Test Services Corp. a las que se le pagaron servicios por $67 millones, pero el presunto perjuicio fue de $1,044,921.20. Además, se logró aprehender en cuentas bancarias la suma de $585,681.32.

Las fiscales Sandy Cedeño y Vidalma López, revelaron que la investigación inició hace 8 meses.