Posponen audiencia previa caso de compra instrumentos musicales

Un Tribunal de Panamá aplazó para el 19 de febrero próximo la audiencia preliminar que se debió realizar este lunes a una decena de personas acusadas de supuesta corrupción en la compra de instrumentos musicales en la administración pasada, informó hoy una fuente oficial.

El Juzgado Quinto de Circuito Penal de Panamá, a cargo del juez Enrique Paniza, pospuso el juicio preliminar por incapacidad médica del exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) -ahora Dirección de Asistencia Social (DAS)- Rafael Guardia Jaén, uno de los imputados.

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"La decisión del juez Paniza se dio en virtud de la solicitud de posposición presentada por el defensor particular Víctor Orobio referente a un certificado de incapacidad médica de su defendido Rafael Guardia Jaén, expedido por el Hospital Santo Tómas", señala un comunicado del Órgano Judicial (OJ).

La fiscal de Descarga Anticorrupción, Lisy Bonilla, y la defensa de los otros sindicados "no manifestaron oposición alguna" con lo ordenado por el juez Paniza "en atención a la Convención Americana de Derechos Humanos".

Durante el mismo acto de audiencia, Paniza accedió a una petición de la defensa de Guardia de modificación de la medida cautelar de prisión domiciliaria que venía cumpliendo, por notificación una vez al mes y prohibición de salida del país.

Además de Guardia Jaén, son procesados por este caso la exministra de Educación Lucy Molinar y el empresario Roberto Carretero.

Tambíén están acusados Franklin Abadiel Juliao, Coralia Judith Campos Alveo, Delsy Pinilla Guerra, Alexis Ariel Marciaga Vargas, Jorge Luis Herrera Pérez, Aaron Gibran Flores Gil y Douglas José León Santos.

Todos son investigados por la presunta comisión del delito contra la administración pública por el caso de supuestas irregularidades en la compra de 3.450 instrumentos musicales para colegios públicos, por un monto de 12 millones de dólares en 2013.

Los instrumentos fueron comprados a través del PAN, una entidad investigada por ser el centro de presuntas corruptelas en la pasada administración.

La investigación es realizada por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga del Ministerio Público y tiene como querellante al abogado Tomás Ríos, según la información oficial.