Comunicado sobre Ley 120

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá,  la Asociación Bancaria de Panamá, la Asociados de Abogados Internacionales, la Asociación de Derecho Marítimo de Panamá (APADEMAR) y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, han sido sorprendidas  y rechazan de manera categórica  la promulgación de la Ley 120 de 30 de diciembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial No. 27,443-A del lunes 30 de diciembre de 2013, que contiene entre otras, dos normas que reforman el artículo 694 del Código Fiscal de Panamá, por medio de las cuales se modificó de manera inconsulta el régimen tributario panameño territorial, para convertirlo en un sistema tributario de renta mundial, en abierta violación a los artículos 149, 165, 166 y 167 de nuestra Constitución Política de la República, y rechazan de manera categórica dicha modificación.

El sistema tributario de la República de Panamá basado en la territorialidad, es pilar fundamental de la plataforma de servicios, tales como los bancarios, financieros, jurídicos, marítimos, portuarios, logísticos, entre otros, que se brindan en y desde Panamá, con absoluta transparencia, profesionalismo, eficiencia y con apego estricto a la Constitución Política de la República y la Ley, y que además, ha sido un sello de garantía y seguridad jurídica, desde los inicios de la República, para los inversionistas nacionales, así como también para los inversionistas extranjeros que han confiado en la estabilidad jurídica y política de nuestro país.

Los servicios que surgen a partir del sistema tributario territorial panameño, representan más del 15% del producto interno bruto del país, que además de dar un buen nombre a la República de Panamá, han generado puestos de trabajo directos e indirectos de los que dependen miles de panameños, los cuales se encuentran además entre los mejores pagados del país, que tributan y consumen en el mercado panameño y que por ende contribuyen a dar impulso a nuestra economía. El concepto de territorialidad tributaria ha sido elemento fundamental para que la economía panameña sea de las más pujantes de la región, tal como lo han reconocido reiteradamente las excelentes calificaciones de riesgo que hemos recibido como país, por parte de agencias calificadoras como Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Ratings. Cualquier cambio al sistema de tributación territorial, como el que se ha pretendido con  las modificaciones al Código Fiscal, constituye un atentado intolerable contra la economía nacional y tendría consecuencias funestas incalculables para el Centro Internacional de Servicios establecido en Panamá, así como también para el desarrollo de toda la actividad económica del país a la que ha servido como eje fundamental.

Igualmente, expresamos nuestra profunda preocupación por el irrespeto demostrado a la institucionalidad y el debido proceso para la aprobación de las leyes, lo cual seguramente causará un daño grave a la credibilidad e imagen del país, aumentando el riesgo de hacer negocios en nuestro territorio.

En consecuencia, los gremios que emitimos el presente comunicado solicitamos al Excelentísimo señor Ricardo Martinelli Berrocal, Presidente Constitucional de la República, que propicie con urgencia un proyecto de ley de orden público que derogue de manera retroactiva, para todo el ejercicio fiscal del año 2013, los artículos 2 y 3 de la Ley 120 de 30 de diciembre de 2013,  y que restituya de manera íntegra la vigencia de las normas afectadas por la Ley 120 de 30 de diciembre de 2013, para evitar mayores perjuicios de los ya causados y enviar así un mensaje claro a nivel internacional que el régimen tributario territorial es para la República de Panamá compromiso de Estado de un país serio, digno y soberano, cuya legislación cumple con los estándares internacionales en materia de tributación y transparencia fiscal.