Cabreados por abusos y maltrato a niños

Un informe elaborado por una subcomisión parlamentaria y presentado la semana pasada denunció que decenas de niños y niñas, muchos con algún grado de discapacidad, fueron víctimas de abusos sexuales, maltratos psicológicos y físicos, incluida mala alimentación y condición de vida deplorable, desde 2017 en al menos 14 albergues bajo la supervisión del Estado.
El informe provocó que cientos de jóvenes protestaran contra la institución encargada de velar por los niños.
El presidente Laurentino Cortizo, pidió este miércoles que sean castigados con el "máximo rigor" los responsables de abusos a menores en albergues.

El ojo del huracán la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), que tiene entre sus funciones supervisar instituciones de protección o albergues en todo el territorio nacional, tal como lo indica su página web.

Este miércoles continuaron las protestas ante la sede de la Senniaf, en las que activistas de derechos humanos han asegurado que distintas autoridades de esta Secretaría "sabían de los abusos", han exigido que "el Estado deje de ser cómplice" y que dé "respuestas y justicia", como dijo a Efe la abogada y feminista Irma Hernández.

Unas dos centenares de personas participaron en la protesta de este miércoles, en la que manifestantes lanzaron piedras a la Policía, que respondió con gases, sin registro de detenidos o heridos.

La Senniaf dijo esta semana en un comunicado que desde el inicio de la administración de Cortizo, en julio de 2019, ocho albergues han sido cerrados en el país "por manejos indebidos registrados, enfrentando procesos y denuncias penales".

Hay ahora 50 albergues en el país con una población de cerca de 1.200 menores. Solo uno es manejado 100 % por el Estado, el resto está en manos de ONG's y fundaciones y 40 reciben subsidios públicos a través del Mides, añadió la Senniaf.

"Con relación a los subsidios que otorga cada dos años el Estado a las ONG y fundaciones para la administración de los albergues, los mismos serán rigurosamente auditados y fiscalizados, ya que se trata de recursos públicos destinados a la protección" de menores, afirmó el presidente Laurentino Cortizo.

El fiscal general, Eduardo Ulloa, ha dicho que hay tres investigaciones abiertas por el tema de los albergues, que "en su gran mayoría" son manejados "por instituciones privadas, muchas de la cuales reciben subsidios" públicos, de allí que "tiene que ser supervisados por el Estado".

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