Fiscal de Venezuela acusa a María Corina de ataques al CNE

La Fiscalía de Venezuela anunció este lunes la apertura de una investigación debido a un supuesto plan de personas vinculadas a la oposición mayoritaria para adulterar los resultados de las elecciones celebradas el domingo, en las que Nicolás Maduro fue proclamado presidente por el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que fue rechazado por el antichavismo.

En una declaración ante periodistas, el fiscal general, Tarek William Saab, dijo que el sistema electoral sufrió ayer un "ataque desde Macedonia del Norte", cuya intención era "manipular los datos que se estaban recibiendo" sobre los resultados de las votaciones en los más de 15.000 centros habilitados.

"Querían adulterar las propias actas de votación del sistema automatizado", subrayó el fiscal, que responsabilizó por estos planes a la líder opositora María Corina Machado, así como al exdiputado Lester Toledo y al exalcalde Leopoldo López, ambos opositores exiliados, miembros del partido Voluntad Popular.

Se trata de "un ataque que ralentizó el envío de actas para el escrutinio", prosiguió Saab, que designó a dos fiscales para investigar este caso.

Remarcó que la Fiscalía "estará monitoreando cualquier acto que pretenda iniciar una escalada de violencia para enlodar la fiesta democrática" y advirtió que esas acciones constituirían delitos que contemplan penas de hasta 20 años de prisión.

Por ello, pidió a los venezolanos "no dejarse utilizar en agendas desestabilizadoras que responden intereses mezquinos y ajenos al interés nacional, que buscan el caos, desasosiego y el sufrimiento de la mayoría".

Aún cuando opositores aseguran que faltan algunas auditorías al resultado electoral, Maduro fue formalmente proclamado pese a las denuncias de la mayor coalición antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que cree que su dirigente, Edmundo González Urrutia, ganó los comicios con amplio margen.

González Urrutia denunció que "se han violado todas las normas", debido, entre otras cosas, a la negativa del ente electoral para entregar a la PUD las actas de totalización de los votos en más del 50 % de los centros.